Según Temer, el plebiscito propuesto por Dilma Rousseff para consultar a la población sobre la reforma política no podrá realizarse antes de octubre, como quería la mandataria para que pudiese entrar en vigor en las elecciones presidenciales y legislativas de 2014. El vicepresidente de Brasil agregó que los partidos aliados del gobierno no expresaron "ninguna duda" acerca del acierto de la propuesta de Rousseff pero en su mayoría sugieren que la consulta popular se realice recién junto con las presidenciales del próximo año.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, por su parte, aseguró que la imposibilidad de aplicar las nuevas normas en los comicios de 2014 no representa una derrota para Rousseff, porque "el tema fundamental a ser destacado es que hubo consenso en que el pueblo tiene que ser consultado y en que esta consulta tiene que hacerse a través de un plebiscito", expresó.

Idéntica opinión expresó el vicepresidente: "El gobierno propuso el plebiscito y la reforma política, pero sabe que ésta es una tesis que debe ser llevada adelante por el Congreso", dijo. "Si se produce ahora o más tarde, no importa; la victoria de la tesis está consolidada", agregó.

El líder del Senado, Renan Calheiros, sin embargo, puso en duda que el proyecto oficial corra la misma suerte en la Cámara alta: "Primero -dijo-, se discutirá en la Cámara de Diputados y después pasará al Senado, donde si el texto fuese alterado, volverá de nuevo para el recinto de legisladores".

La decisión final, no obstante, quedará en manos de la Cámara de Diputados, que el martes de la semana próxima convocará a un grupo especial para discutir la propuesta de la presidenta Rousseff, integrado por ocho diputados, que tendrán un plazo de hasta 90 días para presentar sus conclusiones y sugerir la fecha del plebiscito, si es que el plenario del Congreso decide que sea convocado.

La mandataria elevó al Congreso sugerencias sobre cinco temas que, a juicio del Gobierno, deberían ser sometidos a la aprobación popular. Las recomendaciones incluyen el fin de las votaciones secretas del Congreso sobre temas como juicio político a sus integrantes; el cambio del sistema para las elecciones parlamentarias -con la adopción del voto distrital-; el fin de las coaliciones electorales y el financiamiento público de las campañas políticas.

Al defender la propuesta oficial, Temer destacó que "se trata simplemente de una sugerencia", y que le corresponde al Congreso encauzar el proceso "desde su inicio hasta su final".