La selección de jueces en Tierra del Fuego se realiza hasta ahora a través de un órgano integrado por siete miembros, dos legisladores provinciales, un ministro del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, el presidente del Superior Tribunal y dos abogados matriculados.

Distintas organizaciones que integran el CEyS plantearon, incluso, la realización de una enmienda constitucional para modificar la integración del Consejo de la Magistratura e incorporar consejeros populares. "Desde hace 12 años que organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y partidos políticos fueguinos impulsan modificaciones al sistema de selección de magistrados y la discusión les es negada en forma sistemática. Es hora de hacernos cargo de este debate", sostuvo la gobernadora aludiendo también a las iniciativas de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno Nacional.

Por su parte el director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana de Ushuaia, Guillermo Worman, reclamó a los actores políticos y operadores judiciales de la provincia "permitir una reforma que contemple un mayor equilibrio de poderes, transparencia y democracia en el método de selección y participación de ciudadanos comunes en ese proceso". Worman citó como ejemplo de funcionamiento al Consejo de la Magistratura de Chubut, "un organismo vigente desde 1994, donde participan cinco consejeros populares sobre un total de catorce miembros y en donde cada sector está representado sin que prevalezca uno sobre el otro".

El proyecto de ley de la administración Ríos también contempla otros reclamos históricos en materia de elección de jueces provinciales, como la realización de concursos púbicos con jurados académicos, la publicidad irrestricta de las decisiones del organismo, el voto fundado de sus miembros y un examen psicofísico para los candidatos.