"No hay ninguna seguridad jurídica que preservar cuando se trata de alguna iniciativa que se vuelve contra la ley de amnistía que fue un pilar de sustentación del régimen autoritario", definió Janot. La resolución del procurador contradice a su predecesor, Roberto Gurgel, quien había rechazado juzgar a represores en observancia de la ley de amnistía, sancionada en 1979 por el entonces dictador Joao Baptista Figueireido.

La vigencia de esa norma hizo que Brasil fuera el único país del Cono Sur en no procesar ni encarcelar a sospechosos de participar en la represión ilegal de los opositores al régimen de facto instaurado tras el derrocamiento del presidente Joao Goulart.

Es la primera vez, además, que un procurador acoge el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de los servicios de inteligencia, y recomendó relativizar los alcances de la amnistía.

Ese mismo año, la mayoría de los jueces que forman el Supremo Tribunal Federal rechazó la posición de la Corte Interamericana y convalidó la vigencia de la amnistía con argumentos como la necesidad de preservar la seguridad jurídica.