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La queja presentada por el gobierno británico indica que "se busca criminalizar a personas o empresas con intereses directos o indirectos en actividades de hidrocarburos en aguas que rodean a las Islas Malvinas" y sostiene que "la ley nacional argentina no se aplica a las islas, por lo que esto es un gesto sin base que pretende impedir una actividad comercial legítima".

Por eso, el portavoz británico expresa en la nota el convencimiento de que la enmienda "no funcionará" y acusa a Argentina de "adoptar tácticas de acoso en un intento de sofocar la economía de las Malvinas".

"El Gobierno británico apoya completamente el derecho de los isleños de las Malvinas a desarrollar el sector de los hidrocarburos para su beneficio económico", resaltó el portavoz, manteniendo la postura británica a cerca de la supuesta "autodeterminación" de los habitantes de malvinas.

"Todas las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas están reguladas por legislación del Gobierno malvinense, de acuerdo con la Convención de la Ley del mar de las Naciones Unidas", concluyó.

La norma aprobada en Diputados declaró ilegales la exploración y explotación de hidrocarburos con penas de hasta 15 años de cárcel y multas equivalentes a 1,5 millones de barriles de petróleo a las personas involucradas, directamente o a través de terceros, en la exploración, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.