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La comisión, presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, resaltó que "resulta inadmisible que pretenda incluirse en los reclamos los pedidos de impunidad para los policías y penitenciarios denunciados en causas penales por torturas y otros delitos gravísimos" y subrayó que "lo ocurrido en estos días, con al menos 12 muertos, pone en primer plano la responsabilidad de los distintos poderes del Estado en la construcción de una institución policial orientada al control territorial de los sectores pobres y a la gestión de los mercados delictivos".

En ese sentido, se señaló las "nefastas consecuencias que pueden tener la profundización de discursos de mano dura y guerra contra el crimen por parte de distintos sectores de la dirigencia política y social y de los medios de comunicación, que han contribuido a la consolidación del poder autónomo de las fuerzas policiales y a la proliferación de prácticas violentas".

"Más delegación, más poder de fuego, más demagogia punitiva representan más violencia policial y mejores condiciones para posibles acciones extorsivas y desestabilizadoras", resumieron como consecuencias del discurso de mano dura.

Desde la CPM se remarcó que "una deuda pendiente de estos 30 años de democracia es la tansformación estructural de las fuerzas policiales en el marco de una concepción de seguridad democrática que tenga como objetivo central garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de nuestro país".

"Es posible hacerlo; sólo se necesita la decisión política de todos los sectores democráticos para avanzar en este sentido", agregaron.