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El pedido fue presentado ante la juez de instrucción Mónica Berdión de Crudo, a cargo del sumario penal por los hechos registrados en diciembre de 2010, que concluyeron con tres muertos. Para el CELS, "está probado que la Metropolitana actuó en coordinación y bajo la dirección de los jefes de la Policía Federal y tuvo un accionar violento y de descontrol en el uso de la fuerza letal".

El organismo de derechos humanos agregó que el "accionar ilegal" de la fuerza de seguridad "incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de cerca de 600 cartuchos antitumulto".

Unos 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana participaron del operativo para desalojar a familias que habían ocupado predios del Parque. Durante la represión perdieron la vida Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años que vivía en la Villa 20, y sus vecinos Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, oriundos de Bolivia.

El fiscal Sandro Abraldes tiene pedida la indagatoria del entonces jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco. Entre los altos jefes policiales a los que el CELS les pidió el procesamiento por "homicidio y lesiones culposas", se encuentran tres de la Policía Federal y cuatro de la Metropolitana.

Los federales son los comisarios Hugo Lompizano, jefe de la Dirección General de Operaciones al momento de los hechos, Juan Quintero, a cargo de la Circunscripción VIII, y Emilio Miragaya, titular de la Seccional 36°. En tanto, en la Metropolitana se trata de los comisarios Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda y el superintendente de seguridad Miguel Ciancio.

El CELS sostuvo que Lompizano, Quintero y Miragaya "fueron los que impartieron las directivas sobre el operativo a (los policías) federales y metropolitanos". La entidad pidió además el procesamiento de otros 25 oficiales de la Policía Metropolitana -entre ellos el comisario mayor Ricardo Ferrón- que efectuaron "disparos letales" y ocho efectivos de la Federal por supuesto "abuso de armas".

Según el CELS, existe "nula voluntad" del gobierno porteño en el esclarecimiento de los hechos, porque "todos los metropolitanos investigados permanecen en funciones y sus abogados tienen domicilio constituido en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires".