En la implementación de la medida –aclara el comunicado- "no ha habido hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo, ni se produjeron cambios en las funciones asignadas”.

En otro orden, la fiscal coadyuvante Cristina Caamaño denunció el viernes pasado a la Procuración General “el abandono de los puestos de trabajo de parte del personal” de la Fiscalía en cuestión, además del “bloqueo de algunas oficinas y el corte del servicio de luz y de teléfono”. Caamaño alertó también que “el cierre intencional de despachos podría tener por objetivo impedir el acceso a espacios donde se presume que puede haber expedientes judiciales”.

Respecto al corte del servicio telefónico y de internet, la Dirección de Informática de la Procuración General informó que se trató de “un sabotaje a las instalaciones eléctricas y de comunicaciones”, ya que afectó “el desarrollo de las tareas de esa dependencia”.

Por último, las fiscales Katoc y Caamaño informaron que, al presentarse en su lugar de trabajo (durante la jornada que termina-, “se encontraron con la fiscalía cerrada con una faja de clausura firmada por los funcionarios de la SIPE Ignacio Rodríguez Varela, Elías Collado y Guido Sassoli”, “medida sin antecedentes (que) volvió a impedir el normal desarrollo de las tareas propias de la fiscalía con la consecuente afectación de derechos para quienes procuran un eficaz y adecuado servicio de justicia”, remarca el comunicado.