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En el fallo, el magistrado ordena que el Ejecutivo provincial "divulgue públicamente el resultado de este proceso a través de los medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta". Además, en la resolución a la que tuvo acceso Télam, Arias dispuso que el Registro de las Personas deberá consignar mediante una anotación marginal en cada una de las actas de defunción correspondientes a las personas que se mencionan en el fallo.

Por otra parte, el juez exhortó a la Legislatura de la provincia y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus respectivas competencias, "regulen, adapten y/o modifiquen los procedimientos y prácticas que permitieron la consagración de irregularidades verificadas en la causa". En ese sentido, Arias constató irregularidades en las acciones llevadas a cabo por funcionarios del Registro de las Personas para la inscripción de las defunciones traumáticas.

El magistrado sostiene que existieron irregularidades en los certificados de defunción firmados por profesionales médicos, "lo que generó las condiciones para que la documentación pública no refleje la realidad de lo acontecido o la muestre de una manera distorsionada".

"El valor de la prueba testimonial en la reconstrucción de los hechos adquiere una dimensión preponderante puesto que la naturaleza de los hechos investigados así lo determina en un contexto de falsedad, ocultamiento, desconfianza, confusión y catástrofe", graficó.

En tanto, en la resolución, Arias cita además que se investigaron 17 muertes ocurridas entre el 2 y 3 de abril de 2013, pero no se pudo comprobar fehacientemente que fueran a causa del trágico temporal.

La causa se inició en los días posteriores a la inundación para determinar las víctimas a partir de una presentación realizada por el Defensor Oficial del fuero de responsabilidad juvenil, Julián Axat.