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La convocatoria fue organizada por el Frente Popular Darío Santillán, que denuncia al juez federal Ariel Lijo como “uno de los principales responsables de que la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda haya sido archivada” y repudió “la falta de voluntad política de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de avanzar en la causa”.

La hermana de Maximiliano Kosteki, Vanina, señaló que "es lamentable que la impunidad siga estando vigente", cuestionó la investigación de Lijo y remarcó que "algunos dicen que se condenó a Fanchiotti y Acosta, pero la condena no está firme; no hay condena que valga si no tiene condena firme".

"Parece que todo lo que hicimos no sirviera de nada porque cualquier tribunal de casación puede avalar el pedido de nulidad de juicio y quedar en libertad en cualquier momento", añadió durante una entrevista en Nacional Rock y expresó su preocupación sobre la decisión de Lijo de "archivar la causa porque dijo que no tenía pruebas suficientes y nunca llamó a declarar a ninguno".

Por su parte, Alberto, el padre de Darío Santillán, consideró que "Eduardo Duhalde y Felipe Solá tendrían que estar presos" por la Masacre de Avellaneda. Desde hace 12 años el odio me carcome y cuando lo veo a Duhalde me da bronca, impotencia por la impunidad con la que se mueve, de tener que escucharlo presentarse como candidato, como garante de la democracia y la impotencia de escuchar que de su gobierno nunca hubo muertos", afirmó.

Santillán remarcó que "hay una complicidad, no hay voluntad, los policías actúan según el humor político, según las ordenes que ellos den. Más allá de la impotencia y el dolor como padre, no nos olvidamos de la muerte de Darío, pero tampoco nos olvidamos cómo vivió, eso es más importante".

El 26 de junio de 2002, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde ordenó evitar que organizaciones sociales cortaran el Puente Pueyrredón, por lo que lal Policía de la provincia de Buenos Aires desató una represión en la que murieron Kosteki y Santillán.