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En España la mayoría de los altos cargos públicos, entre ellos los propios diputados, están aforados, lo que implica que todas las demandas, causas civiles y penales en su contra son resueltas por el Tribunal Supremo español o por los tribunales de comunidades autónomas.

En abril, el PP aprobó el aforamiento de la reina Sofía y los príncipes de Asturias en el marco del trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no tuvo en cuenta la situación de Juan Carlos de Borbón en caso de abdicación, por lo que el padre del actual rey Felipe VI quedó "desprotegido". La protección de la familia real fue cuestionada porque llegó en un momento de especial tensión para la Corona española a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos y hermana de Felipe VI.

La sorpresiva abdicación de Juan Carlos, el 2 de junio pasado, dejó al exmonarca ante un vacío legal ya que la Constitución le concede al Jefe de Estado -actualmente Felipe VI- el privilegio de la "inviolabilidad", pero no dice nada sobre su condición tras abandonar el trono. Ante esta situación, Rajoy impulsó una reforma exprés introduciendo una modificación en la ley de racionalización del sector público, un tema totalmente diferente.

La norma aprobada, finalmente, otorga protección al rey Juan Carlos, a las reinas Sofía y Letizia y a la princesa de Asturias, Leonor, hija mayor del rey Felipe VI.

Durante el primer debate sobre la ley, el propio presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posadas, del PP, criticó el trámite y lo calificó de "chapuza". Por su parte, los grupos opositores coincidieron en denunciar que el texto presentado por el gobierno no tiene nada que ver con el que se aprobó, y que no hubo debate.

Entre los más críticos en el Senado, Ester Capella, de la independentista ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), propuso crear una comisión parlamentaria para comprobar si el rey cometió algún delito en vez de aforarlo. Es más, Capella destacó que el exjefe de Estado, elegido y educado por el exdictador Francisco Franco, "nunca tuvo la honradez de pedir perdón por su complicidad por los crímenes del franquismo".

Por su parte, Jesús Enrique Iglesias, de Izquierda Unida (IU), dijo que con la reforma se va a garantizar la "impunidad" del rey, mientras Jordi Guillot, de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) calificó la norma de "blindaje judicial" y recordó que el monarca tiene abiertas dos demandas de paternidad.

En tanto, desde el PP, la senadora Silvia Franco sostuvo que el aforamiento no es para "sobreproteger" al rey y a la familia real, ya que responderán "con las mismas normas y leyes" ante el Supremo. Durante el debate se introdujo una enmienda para que, en caso de que algún tribunal esté tramitando una causa contra los "nuevos aforados" reales, la misma se suspenda y sea remitida al Supremo.

De hecho, la Audiencia Nacional de España aplazó para mediados de julio el estudio de un recurso de apelación contra la decisión de un juez de no admitir a trámite una querella contra Juan Carlos y otras personas presuntamente involucradas en la "trama civil" del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F). La demanda fue presentada por el partido Soberanía el pasado 2 de junio, cuando el rey Juan Carlos anunció su abdicación. Los querellantes se basan en el libro de Pilar Urbano titulado "La gran desmemoria", en el que se afirma que el monarca autorizó un "golpe blando" y la formación de un gobierno en el que estarían integrados personajes que tramaron el golpe.