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La unidad de evaluación, que para su aprobación obtuvo 38 votos positivos y 21 negativos, será una entidad descentralizada con personería jurídica propia con el objetivo, según el texto de la ley, de “diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad” y estará a cargo de un Director Ejecutivo elegido por concurso, el que estará acompañado por un Consejo de 11 miembros, donde participarán los gremios.

La redacción original del Jefe de Gobierno que daba origen al instituto de evaluación, que data de mediados del año pasado, fue modificada por el bloque del PRO en los últimos días, tras varias reuniones con los diputados del frente UNEN que pidieron la introducción de algunos cambios como condición para sumar su respaldo.

Así fue como pasó a llevar el nombre de Unidad en vez de Instituto Evaluador, modificó el carácter de ente autárquico por descentralizado, reformó la elección por concurso del director, que tendrá un mandato de cinco años al frente del cargo, y por último eliminó los artículos que habilitaban a la entidad a recibir financiamiento externo, pero no descartó aceptar donaciones.

La legisladora del Frente para la Victoria, Lorena Pokoik, sostuvo que la aprobación de la ley muestra "un nuevo consenso entre el PRO y UNEN que, en verdad, es un maquillaje que disfraza la autarquía y una tercerización que le abre la puerta al sector privado".

En sintonía, el diputado kirchnerista Jorge Taiana calificó como "una vergüenza discutir un proyecto que no fue consensuado con los docentes" e indicó que la creación de esta Unidad "va a fragmentar las competencias políticas del Ministerio de Educación y dará lugar a más estructura de un Estado que va a ser más deficiente".

"No se puede tercerizar la evaluación ni dejar en manos de agentes privados porque es el Estado el que debe garantizar, de manera indelegable, una evaluación democrática y participativa", sostuvo el excanciller.

A su turno, el diputado de UNEN y miembro de la Comisión de Educación de la Legislatura, Maximiliano Ferraro, explicó que la votación positiva de su bloque -a excepción de la diputada socialista Virginia González Gass- se debió a que "el PRO mejoró sustancialmente el proyecto al sumar cambios como el que plantea que el director sea elegido por concurso".

Por su parte, el secretario general de UTE, Eduardo López, apuntó: "Decimos sí a la evaluación, no al ente autárquico porque la evaluación es parte inseparable del proceso educativo. No hay educación sin evaluación, porque de lo contrario es instrucción, pero la evaluación no se puede tercerizar a empresas privadas, estatales o extranjeras, porque la tiene que regir el gobierno de la Ciudad que es el receptor de la voluntad popular".