Uno de los miembros de la comisión, Oscar Bonilla, aseguró que “los responsables son actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes internacionales que planificaron los hechos también fuera del país”.

La investigación expone también que "la intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir en los procesos de transformación estructural del Estado que inició el régimen del izquierdista Rafael Correa" y que esta desestabilización no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en la región.

El 30 de septiembre de 2010, unos mil policías se amotinaron en la mañana en el Regimiento de Quito en contra de una ley que recorta sus beneficios. El presidente Rafael Correa se dirigó al lugar para dialogar con los sublevados y terminó retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía. Su liberación se logró gracias a la intervención del Ejército.

Según el Ministerio del Interior, más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista.