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El tribunal dispuso que siga adelante la causa que se desarrolla en la justicia de primera instancia contra cinco militares acusados del asesinato y ocultación del cadáver del diputado Rubens Paiva, ocurrido en enero de 1971. Los militares habían recurrido a este tribunal de segunda instancia para intentar impedir que el juicio continuara, alegando que en Brasil rige la ley de amnistía de 1979. Los acusados apelarán el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia, indicó la prensa brasileña.

"Fue la primera vez que la justicia brasileña reconoció que determinados crímenes cometidos durante el período de la dictadura configuran delitos contra la humanidad", explicó la fiscal Silvana Batini. "Antes hubo decisiones en ese sentido adoptadas individualmente por algún juez" de primera instancia, pero no por un tribunal de segunda instancia, que implica un colegiado de jueces, precisó.

El juez instructor del tribunal Messod Azulay afirmó que la ley de amnistía, cuya vigencia fue confirmada por la Corte Suprema brasileña en 2010, no se refiere a delitos comunes como homicidio y ocultación de cadáver, que se rigen por el código penal.

El magistrado destacó que Brasil es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que no reconoce leyes de amnistía en casos de delitos de lesa humanidad. "Estamos teniendo una oportunidad singular de prestar cuentas a la sociedad como debe ocurrir en las democracias maduras", declaró.

A finales de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía brasileña. A diferencia del resto de los países del Cono Sur, Brasil no ha encarcelado a ningún represor de la dictadura a raíz de esa ley. La justicia penal ya ha aceptado varias acusaciones de fiscales contra represores, pero éstas aún están en trámite o han sido rechazadas en otras instancias.