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Al exponer en la primera edición de los cursos "Derechos Humanos y Justicia Universal", organizados por la Fundación Internacional Bastasar Garzón, el juez aseguró: "Estamos en un momento histórico en el que los desmanejos del capital financiero están generando rispideces en los países centrales. Tenemos que aprovechar eso para proponer regulaciones sobre los delitos económicos que provocan daños generalizados sobre el bienestar de la población".

El jurista señaló que "los gobiernos, algunos sectores productivos y los ciudadanos empiezan a ver con recelo el hecho de desembolsar grandes sumas de dinero para salvar a los bancos y a los actores financieros que provocan las crisis", en referencia a la situación que vivieron los países europeos en crisis.

En ese sentido, Zaffaroni indicó que "se puede avanzar contra la especulación financiera como se hizo contra los delitos de lesa humanidad. A ver, genocidios hubo siempre, pero se los tipificó como delitos después de la Segunda Guerra, luego de que se perpetraran en Europa. Hoy sucede lo mismo allí con la conducta de muchos banqueros que con sus manejos ponen en riesgo el bienestar general".

Y al respecto agregó: "Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que algunas cosas se consideran como crímenes luego de que afecten a las poblaciones de los países desarrollados. Por eso digo que estamos ante una posibilidad histórica".

"El derecho penal actúa de forma selectiva y muchas veces se aplica sobre el más débil. Si establecemos regulaciones punitivas económicas debemos tener cuidado de no afectar a los más débiles, porque esto puede generar procesos de concentración económica que resultarían en definitiva más graves que los delitos que pretenderíamos castigar", advirtió.

Por otra parte, Zaffaroni se mostró partidario de establecer "mecanismos de control más severos sobre las operaciones financieras en un plano global", y planteó la posibilidad de "ampliar los alcances de la figura de administración fraudulenta".

"La administración fraudulenta está contemplada en el código penal y debería tener plazos más amplios de prescripción. Debería aplicarse a esos funcionarios y empresarios que en complicidad con determinados poderes económicos afecten el patrimonio de los ciudadanos", remarcó.