Las nuevas fiscalías permitirán "una mayor y mejor articulación del Poder Judicial con otros niveles y poderes del Estado, así como también con organizaciones sociales y no gubernamentales, con quienes es fundamental trabajar en pos del desarrollo de políticas y herramientas de prevención, control y sanción de toda forma de violencia institucional”, fundamentó Macha. "Se trata claramente de graves violaciones a los derechos humanos -dijo- y, por lo tanto, la prevención y erradicación de estas prácticas resulta una obligación primaria del Estado”.

Macha además precisó que el proyecto “es muy importante porque ubica el problema del acceso a la justicia por parte de los sectores populares en el marco de la lucha por una sociedad más inclusiva y equitativa”. “La violencia institucional está atravesada por una cuestión de clase social: son los jóvenes de sectores populares las principales víctimas de estas prácticas violatorias de sus derechos”, detalló.

La legisladora de Nuevo Encuentro remarcó que “la violencia institucional como fenómeno sistemático es expresión de las prácticas genocidas, instauradas durante el terrorismo de Estado pero persistentes en tiempos de democracia”.