En la audiencia que se lleva a acabo en el salón Azul del Senado, Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas Telefónicas de Argentina calificó como "positivo regular la convergencia de servicios". "Apoyamos esta ley pero queremos participar", advirtió y evaluó que "habría que precisar algunos conceptos sobre la autoridad de aplicación" y reclamó "mayor participación en la apertura de accesos y la desagregación de redes".

Sánchez remarcó en ese sentido que de ese modo se puede evitar que las cooperativas "puedan ser sometidas a presión por las grandes cooperativas para llevarse la crema del negocio".

Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, declaró por su parte que la propuesta "es bienvenida" en todos los sectores, ya que se trata de "una deuda central de la democracia". "La ley es esencial, tan esencial como la ley de medios que llevó una enorme discusión", sostuvo, y consideró que "si bien es cierto que hay que democratizar la palabra, también es importante poner atención en quién la lleva" porque "sino puede convertirse en una trampa".

Opinó que "la comunicación no es un derecho humano, es una condición que nos hace humanos", calificó como "auspiciosa" la ley y destacó que se nota que "quienes la han redactado han puesto el mejor de sus esfuerzos" pero advirtió que "el resultado es insuficiente". Chaparro alertó que "la cuestión es demasiado compleja para tratarla con apresuramiento" y llamó la atención sobre "la protección de la confidencialidad de las comunicaciones" y sobre las deficiencias en el acceso a Internet y a la red de telefonía celular que se registran en Argentina.