El jefe del Ejecutivo catalán se mostró no obstante el miércoles dispuesto a seguir adelante con ella en la región de 7,5 millones de habitantes. La consulta simbólica sobre la independencia -que al no ser oficial carece de censo previo y de organismos de supervisión y control- sustituye al referéndum de autodeterminación que Mas intentó inicialmente celebrar pero que fue suspendido por el Tribunal Constitucional tras la impugnación de Rajoy.

Es lo mismo que ha ocurrido ahora con la nueva modalidad de consulta, pero el gobierno catalán denunció en esta ocasión al de Rajoy ante el Tribunal Supremo por "vulneración de los derechos fundamentales" y, lejos de retirarla como en la anterior ocasión, se mostró dispuesto a seguir adelante con ella.

El responsable de Interior del gobierno catalán, Ramón Espadaler, admitió que los Mossos d'Esquadra -el cuerpo policial de la región- impedirán la votación en caso de que así lo ordenen los jueces o la fiscalía. "Los Mossos atenderán lo que les diga el juez y el fiscal", dijo Espadaler, expresando que en caso de que se produzca una resolución judicial, él no dará orden de desobedecerla al cuerpo policial.