La Sala I del tribunal, con el voto mayoritario de Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero y la disidencia de Eduardo Farah, citó el artículo 4 de la ley 17.516 contempla que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública".

En ese sentido instaron a no confundir "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionarios que pudieran representarlo" y negaron la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

Por ello revocaron una resolución de la jueza María Servini de Cubría, quien se había opuesto a que el Ministerio de Justicia fuese querellante, pues la IJG es una dependencia que forma parte de esa cartera pero ello no fue óbice para que los camaristas revocasen esa decisión. Sin embargo el tercer integrante de la Sala, en disidencia, coincidió con la jueza de primera instancia y afirmó que "la calidad de querellante solicitada resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado".