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La demanda, que pertenece a la ciudadana belga Ingrid Jeanne Sartiau, de 48 años, "cumplía con los requisitos legales", según fuentes del tribunal citadas por la prensa española. El pleno de la Sala Civil del Supremo, formado por 12 magistrados, también estudió otra demanda, la del catalán Alberto Solá Jiménez, que fue rechazada. Desde el Palacio de la Zarzuela declinaron hacer declaraciones en torno a la decisión judicial.

La decisión judicial, de la que no trascendieron demasiados detalles, es contraria al criterio de la Fiscalía del alto tribunal, que se oponía a ambas querellas al considerar que no cumplían con el principio de prueba que exige la Ley de Enjuiciamiento Civil para estos casos.

De acuerdo con las fuentes del Supremo, los demandantes debían presentar al menos algún documento que acredite la relación sentimental entre sus madres y el rey Juan Carlos, como una foto, carta, u otra prueba que aporte algún indicio.

Juan Carlos I accedió al trono en noviembre de 1975 y abdicó en junio del año pasado a favor de su hijo Felipe VI, lo que supuso la pérdida de la inviolabilidad que le reconocía la Constitución española. Sin embargo, menos de un mes después de dejar su cargo, el Congreso español ya había aprobado su aforamiento, lo que implica que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, al igual que muchos otros altos cargos del Estado.

Las demandas de paternidad habían sido rechazadas previamente por los juzgados de primera instancia ante la inviolabilidad de la figura del monarca establecida por la Constitución en medio del vacío legal creado hasta su aforamiento.

Por su parte, Sartiau, que dice ser hija ilegitima de Juan Carlos I, celebró la decisión judicial a través de su perfil de Facebook, donde colgó una foto de su supuesto padre sonriendo. La demandante ya pidió una prueba de ADN del exmonarca pero el tribunal debe resolver aún si admite o no la prueba.

El rey Juan Carlos deberá responder a la demanda y luego tendrá lugar una audiencia pública que podría ser a puerta abierta o cerrada, y que podría incluir un interrogatorio al exmonarca, algo inédito en la historia democrática de España. Un acuerdo previo entre las partes es la única forma de evitar esta situación que dañaría aún más la imagen y el reinado de Juan Carlos I, quien previo a su abdicación se vio envuelto en numerosos escándalos.

El más grave, del que aún no se ha podido desmarcar, es el caso de corrupción del Instituto Nóos, por el que será juzgada su hija menor, la infanta Cristina, y su marido, Iñaqui Urdangarín, quien utilizó la influencia del entorno de la monarquía para apropiarse de cerca de seis millones de euros de fondos públicos.