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El Memorándum de entendimiento fue firmado el 27 de enero de 2013 por el canciller Héctor Timerman y quien era su par iraní, Ali Akbar Salehi, en la ciudad de Addis Abeba (Etiopía), donde el documento fue presentado como una herramienta para avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el ataque contra el edificio de la AMIA y la DAIA ocurrido el 18 de julio de 1994.

El fiscal Raúl Plée y el abogado de la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Miguel Bronfman, por su parte, reclamaron a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme aquella sentencia de inconstitucionalidad, dictada el 15 de mayo de 2014.

En representación del Estado, Diez recordó al tribunal presidido por Juan Gemignani e integrado por Ana Figueroa y Luis Cabral, que el Memorándum “no se encuentra en vigor” porque ello recién hubiera ocurrido luego que fuera aprobado por ambos estados.

El letrado sostuvo que, en la cuestión sobre la validez del Memorándum, la justicia no debería haber intervenido, porque se trata de un “caso no judiciable”. El abogado pidió “respetar las esferas funcionales del Poder Ejecutivo” ya que casos como éste “son asuntos más de índole política que legal".

Diez y Hazán dijeron que si el Poder Judicial interviene en este tipo de casos “se coloca por encima de otros poderes del Estado”. Los letrados representantes coincidieron, también, en que el Memorándum fue concebido como una “herramienta” para avanzar en la causa por el atentado contra la mutual judicial.

Agregaron que los informes que presentaría la “Comisión de la Verdad” cuya creación preveía el Memorandum, “no serían vinculantes” para los jueces y fiscales de la pesquisa por el ataque a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.

“La búsqueda de la justicia no es una alternativa, sino un deber”, remató Hazán –durante una década abogado de Abuelas de Plaza de Mayo- antes de responder preguntas del tribunal.

Pleé, quien expuso luego de que lo hicieran los abogados del Estado, acotó que con la aprobación por ley (26.843) del Memorándum “se afectó la soberanía” porque la proyectada Comisión de la Verdad, dictaría reglas de procedimiento, lo que está reservado al Congreso.

Bronfman, por su parte, en representación de la AMIA, calificó al Memorándum y a las facultades que se le hubiera otorgado a la “Comisión de la Verdad” como una “intromisión” (del Ejecutivo) en el Poder Judicial y una “interferencia” con violación al principio constitucional del “juez natural”.

A su turno, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser dijo que 21 años de investigación y de esfuerzos sin avances en la causa por el atentado no justificaban un "memorándum inconstitucional", y solicitó a las autoridades argentinas que reclamen con vehemencia y, a Irán, que entregue a quienes él mismo consideró culpables del ataque terrorista.