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La Corte "revocó la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó en el 2014 los procesamientos", informó un comunicado del Poder Judicial.

Soria, diplomático español y exfuncionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes de la Dina. Su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en julio de 1976, según la investigación. Tras el cierre del caso, la familia de la víctima demandó a la Corte Suprema reabrir la investigación, lo cual fue admitido por el máximo tribunal chileno ya que involucra a un ciudadano de un segundo país.

Entre los acusados por este caso se encuentra el ciudadano estadounidense y sindicado como exagente de la CIA, Michael Townley, también involucrado en los atentados en los que murieron el excanciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, y el general Carlos Prats, en Buenos Aires en 1974, dos de los casos más emblemáticos de la dictadura chilena.

Townley se encuentra actualmente en Estados Unidos, bajo un programa de protección de testigos tras haber entregado información importante en el caso de Letelier. Otros dos procesados, Armando Fernández Larios y Virgilio Paz Romero, también se encuentran en Norteamérica. Otros tres acusados cumplen penas carcelarias por otras causas de violación a los derechos humanos, y el resto deberá ser detenido, según explicó el Poder Judicial.

Por este caso, España solicitó en 2013 la extradición de siete exagentes de la dictadura, entre ellos Manuel Contreras, quien fue jefe de la DINA, condenado a más de 500 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y fallecido el pasado 7 de agosto. Chile negó la extradición en ese entonces afirmando que los involucrados ya eran investigados por este caso o eran parte de otros procesos.