El Gobierno no sólo se propone declarar de interés público la participación del Estado en las empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, sino también la que tiene en un grupo de firmas donde hay presencia pública. Se trata de empresas como Aeropuertos Argentina 2000, Arsat, Correo Argentino, un conjunto de ferrocarriles de carga, la Administración General de Puertos y varias centrales térmicas.