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Según el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, citado por la agencia oficial ABR, la decisión tendrá en cuenta criterios de gestión y políticos. Además de la eliminación de algunas carteras, la reforma administrativa incluye recortes en las estructuras internas de organismos, ministerios y entes autàrticos, y la reducción de secretarías y órganos que tienen rango de ministerios y dependen directamente de la Presidencia.

También se prevé la disminución de 22.000 cargos políticos; la revisión de los contratos del gobierno federal con proveedores de servicios, entre ellos los de limpieza y transporte; la venta de inmuebles públicos y la regularización de terrenos.

"Este es un proceso que involucra a todo el gobierno federal, a todos los organismos y autarquías, y está relacionado además con una mejor gobernanza de las empresas estatales. Es un proceso que debe ser ejecutado por varias manos, que se debe realizar con la participación de diversos ministeriosy órganos y de gobierno", explicó Barbosa.

El secretario de Estado agregó que la reforma propuesta se hace necesaria debido a la nueva realidad económica del país, y servirá para mejorar la productividad del gobierno. "Con un mejor funcionamiento de la máquina (del Estado) se aumentará la productividad del gobierno. Es vital y crucial aumentar la productividad dentro del gobierno", enfatizó.

La propuesta se realiza en este momento, explicó, porque coincide con la preparación de la ley de presupuesto y el Plan Plurianual, que diseñan los gastos y prioridades del gobierno de 2016 a 2019. "La presidenta Dilma siempre estuvo y continúa estando muy enfocada en gestión pública. Durante la campaña (electoral de 2014) no se pronunció contra una reforma administrativa, lo que siempre destacó era cuál era esa reforma administrativa, cuál debe ser la restructuración, qué ministerios pueden ser fusionados, qué ministerios pueden ser recreados o extintos. Es con ese espíritu que estamos presentando esta reforma", aseguró Barbosa.

La reducción del número de ministerios ha sido una demanda de partidos oficialistas y opositores, y algunas propuestas ya se encuentran en debate en el Congreso.