Lunes, 7 de septiembre de 2015 | Hoy
20:08 › ESTACIóN HORROR
Los dos primeros alegatos de la etapa final del juicio por la tragedia de Once cargaron toda la responsabilidad sobre el maquinista Marcos Córdoba, por lo que pidieron que se lo condene a 22 años de prisión. Los abogados representantes de dos grupos de familiares y víctimas desligaron de cualquier delito a los otros 27 imputados, entre funcionarios y miembros de la empresa TBA, e incluso acusaron de "buscar venganza" a la querella que reúne a la mayor parte de los familiares y víctimas, quienes rechazaron esos dichos. Mañana continuarán los alegatos.
La primera querella que inició el alegato final afirmó que el maquinista que conducía la formación, Marcos Córdoba, "indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos", con lo que anticipó que será el único al que se acusará por el choque. La querella responde al abogado Gregorio Dalbón, expulsado de las audiencias por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, por lo que la exposición quedó a cargo de su socio Antonio García.
"Córdoba indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos", aseveró Garcia ante el Tribunal Oral Federal 2 para luego efectuar un repaso de las pericias incorporadas a la causa que según él descartaron una falla en los frenos del Chapa 16.
Luego, la querella representada por el abogado Javier Moral acompañó el pedido de 22 años de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, a quien consideró único responsable de aquel hecho. Moral pidió la condena y adhirió al pedido realizado por la mañana por la otra querella al considerar que el motorman de la formación incurrió en un "dolo eventual" al desconectar al desconectar el freno de seguridad e ingresar a la estación a una velocidad del doble de la reglamentaria.
En alusión a los otros 27 imputados, en su mayoría funcionarios y miembros de la empresa TBA que tenia la concesión, Morales dijo que sentía que "mucha gente acá sentada que no tenía nada que ver" con el accidente.
Paolo Menghini, padre de una de las víctimas, repudió los dichos de Moral respecto de una "búsqueda de venganza" por parte del grupo mayoritario de familiares y víctimas y señaló que Dalbón y Moral presentaron alegatos "muy similares", que coincide con los planteos de los funcionarios y empresarios procesados.
"Obviamente, la postura de los familiares es diametralmente opuesta. Sabemos que la verdad está de nuestro lado", señaló y sostuvo que fue "la corrupción, que unió a los funcionarios y empresarios, arrastró a cientos de personas a una tragedia".
La etapa de alegatos se inició en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro a sala llena y con la presencia de los procesados, entre ellos los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Schiavi. Desde temprano en la puerta de Comodoro Py 2002 se concentraron familiares de víctimas que colgaron fotos en las rejas, entre ellas una que los mostró junto al papa Francisco.
"Las pericias confirmaron que el 'hombre muerto', sistema de frenado, había sido desactivado antes del accidente y Córdoba admitió que lo desactivó aduciendo que tenía el brazo o mano cansada y eso lo motivó a hacerlo", agregó el abogado García, quien pidió que el maquinista sea condenado a 22 años de prisión.
En el juicio actúan tres querellas que representan a familiares de víctimas y sobrevivientes, se prevé que hoy aleguen dos de ellas, mañana la tercera y luego sería el turno de la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo.
La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra un andén en la estación Once y causó la muerte de 51 personas y decenas de heridos. El juicio tiene 29 imputados, entre ellos el maquinista Córdoba, los responsables de Trenes de Buenos Aires (TBA) Mario y Sergio Cirigliano, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Salvo Córdoba, todos están acusados por "defraudación contra la adminstración pública" y "descarrilamiento culposo" con penas previstas que llegan a seis años de prisión. Córdoba fue enviado a juicio por "descarrilamiento culposo" que prevé de uno a cinco años de cárcel. Todos están excarcelados.
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