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Giorgi hizo lugar a la presentación de la defensora de Público, Cynthia Ottaviano, quien solicitó "la no criminalización y despenalización de la causa, al considerar que la comunicación comunitaria no es un delito sino un derecho humano".

“La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual concluyó que en el caso concreto de Antena Negra TV desalienta el uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”, señaló el magistrado en el fallo absolutorio.

Como consecuencia de una denuncia de General Industries Argentina SA (Giasa) por supuesta interrupción de comunicaciones, el pasado 4 de septiembre la Policía Federal allanó la sede de Antena Negra TV, próxima al Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires y secuestró sus equipos por orden del juez de Giorgi.

“Los policías rompieron computadoras, las consolas de audio e iluminación, otros equipos y varias puertas”, dijo ese día a Télam Martín Sande, uno de los referentes y responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV.

Para Sande, resultaba “llamativo que el juez haya utilizado en el allanamiento y decomiso a la Policía Federal, uno de los principales clientes de Giasa-Prosegur”, la empresa de seguridad privada que los demandó por “interferir” o “interrumpir comunicaciones”.

En el fallo conocido hoy, el magistrado instó a que resuelvan el litigio por vía administrativa la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), entre otros organismos del área.

“No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no" a Antena Negra o a Giasa "de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente”, argumentó el juez.

Asociaciones y medios de comunicación alternativa, entre otras organizaciones, se solidarizaron con Antena Negra desde el comienzo del conflicto, denunciaron el "allanamiento violento" del 4 de septiembre y acudieron a movilizaciones convocadas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

En un comunicado en el que fijó posición sobre el conflicto, RNMA señaló que desde que Antena Negra “comenzó a transmitir por la señal del canal 20 de la Televisión Digital Abierta (506 a 512 Mhz) se vio presionado a salir del aire por el argumento de Prosegur que indicaba que tenían permiso para utilizar la frecuencia 511 mhz para radioenlaces entre la empresa y la Policía Federal”.

Prosegur obtuvo ese usufructo durante la presidencia de Carlos Menem, aunque “dicho uso de la señal por parte de la compañía se encuentra en clara violación de lo dictaminado tanto por leyes internacionales como nacionales”.

Por el decreto 2456 de diciembre de 2014, el gobierno nacional había ordenado la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no fuera de radiodifusión, para destinarla al exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta.