El ministro de Justicia, Germán Garavano, había confirmado el 11 de diciembre pasado que, por orden del presidente Mauricio Macri, el Gobierno desistiría de apelar la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento por el caso AMIA.

El gobierno de Cristina Kirchner, en cambio, había mantenido el Memorándum sosteniendo que los acuerdos de esta naturaleza tardan tiempo en cristalizarse, y ponía como ejemplo el convenio firmado entre Libia y Estados Unidos en 1999, once años después del atentado contra un avión de PanAm que cayó en la localidad escocesa de Lockerbie.

El Memorándum siempre contó con el visto bueno de Interpol, organización de la cual tanto Argentina como Irán son miembros. Una vez firmado el texto, hubo un apoyo explícito y una felicitación de Interpol a ambos países. "Este diario -decía el 12 de diciembre Raúl Kollmann- está en condiciones de adelantar que Irán utilizaría la movida del Poder Ejecutivo para pedir el levantamiento de las capturas con alertas rojas que pesan sobre cinco iraníes. El argumento es que el Memorándum es un tratado firmado por ambos países, con el auspicio de Interpol, y que la ruptura es unilateral.

"En verdad -continuaba la nota-, Irán nunca mostró voluntad de avanzar con el Memorándum. Por los trascendidos publicados en la prensa de Teherán, ni el gobierno del duro Mahmoud Ahmadinejad ni el más moderado de Hassan Rouhani tenían los votos para pasar el acuerdo por el Parlamento ni tampoco hubo un visto bueno del poder religioso, encabezado por el ayatolá Alí Jamenei. Estas dificultades muestran que el Memorándum no era tan ventajoso para los sospechosos, como alegaba la oposición, pero también que no se trató de un acuerdo en verdadero desarrollo. Aun así, Irán va a usar como excusa que el retiro de la apelación es un paso unilateral y, por lo tanto, una ruptura de lo firmado", advertía Kollmann en la edición impresa de aquel día.