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Burstein, querellante en la causa, había presentado la recusación al entender que en los medios el juez anticipó su intención de sobreseer al actual presidente de la Nación. Sin embargo, la Cámara Federal falló de acuerdo al informe presentado por Casanello en el que rechazaba la acusación.

Con Casanello firme al frente de la causa, queda esperar su resolución a la luz de las presentaciones del fiscal federal Jorge Di Lello, las querellas de Burstein y Daniel Leonardo —excuñado de Macri— y la defensa del presidente. El juez deberá definir si manda a juicio oral a Macri por asociación ilícita, intercepción de las comunicaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público o si lo sobresee. Tanto Burstein como Leonardo solicitaron ante Casanello que el mandatario vaya a juicio oral.

Di Lello —el mismo que hizo lugar a la cautelar que le puso hora al fin del mandato de Cristina Kirchner— pidió, antes de la asunción, el sobreseimiento del jefe de Estado, al considerar que fue "ajeno" a los hechos y que no tuvo conocimiento de la maniobra.

"Un cuadro nuevo y distinto se abre ante los ojos del suscrito, el cual pone en evidencia, lógicamente, nuevos elementos de valor que merecen ser considerados", afirmó Di Lello en un escrito de doce carillas y media en el que explicó por qué cambió de opinión en relación a un anterior dictamen en el que sí había pedido el juicio oral para el actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Según Di Lello, las escuchas a Burstein se realizaban por interés del exjefe de la Metropolitana y de Seguridad Boca Juniors, Jorge "Fino" Palacios, ya que el familiar de AMIA era uno de sus más fervientes detractores por su rol en el encubrimiento del atentado a la mutual judía. Mientras que las comunicaciones de Daniel Leonardo —excuñado de Mauricio Macri— eran intervenidas por interés de Franco Macri, padre del presidente, quien quería alejar a su hija de la pareja por razones patrimoniales.

El caso de las escuchas ilegales salió a la luz luego de que un familiar de Burstein recibiera un llamado anónimo en el que le advirtieron que el dirigente de la agrupación 18-J tenía el teléfono intervenido. La justicia determinó que el espía Ciro James, que por entonces estaba contratado por el ministerio de Educación porteño, era quien se encargaba de retirar el contenido de esas escuchas de la Secretaría de Inteligencia y lo hacía en permanente contacto con Palacios, con quien se encontraba incluso en horarios nocturnos.

De acuerdo a la investigación, James poseía un red de contactos en Misiones que le permitían solicitar las escuchas a través de causas fraguadas en dos juzgados de Posadas.

Están en vías del juicio oral el exjefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios; su sucesor, Osvaldo Chamorro; el espía Ciro James, el ex ministro de Educación de la Ciudad Mariano Narodowski, la exsecretaria judicial Mónica González, el exjuez misionero José Luis Rey y los policías Diego Guarda, Raúl Rojas, David Amaral, Antonio Fernández, Rubén Quintana.