Martes, 2 de febrero de 2016 | Hoy
18:37 › "ESTAR O NO ESTAR JUNTOS, ESA ES LA CUESTIóN"
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofreció al Reino Unido un paquete de propuestas tendientes a evitar su salida de la unión de 28 países, que incluye la facultad de restringir las prestaciones sociales a los inmigrantes comunitarios y quedar eximido de una mayor integración política al bloque. David Cameron consideró que "aún queda mucho trabajo por hacer" antes de llegar a un acuerdo.
El paquete de ofertas presentado por Tusk da respuesta a varias de las demandas planteadas por el gobierno conservador de Cameron, que impulsa para antes de 2017 un referéndum en el que los británicos deberán responder si quieren o no que el país siga siendo miembro de la Unión Europea. Un "no" implicaría un "Brexit", es decir, la salida del Reino Unido del bloque comunitario.
Quienes defienden el "Brexit" rechazaron la propuesta de Tusk por considerarla insuficiente. El exministro de Defensa Liam Fox aseguró hoy que las exigencias británicas fueron "aguadas por la UE en todos los ámbitos".
El borrador de propuesta tendrá que ser negociado con los otros 27 países de la UE, que hasta ahora no estuvieron involucrados en las conversaciones. Se espera que el tema domine la próxima cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebrará el 18 y 19 de febrero.
Una de las exigencias más controvertidas presentada por Cameron y luego concedida por Tusk fue la posibilidad de que el Reino Unido restrinja las prestaciones sociales a los inmigrantes comunitarios, medida con la que se quiere limitar la cantidad de personas en busca de trabajo. La libertad de movimiento de los trabajadores es uno de los logros más celebrados de la UE.
"La línea que no crucé es la de los principios en los que se basa el proyecto europeo", sostuvo Tusk, que puntualizó que entre los principios fundamentales están el derecho de libre circulación en la UE y de no discriminación.
La cuestión de una mayor soberanía también está incluida. El documento propone un sistema de "tarjeta roja", que permitiría que el 55 por ciento de los Parlamentos nacionales se uniesen para frenar o reformar una propuesta de ley europea en un periodo de 12 semanas después de que haya sido presentada.
En cuanto a la gobernanza económica, el texto aborda los temores del Reino Unido a que una mayor integración de la eurozona -de la que no es miembro- dañe sus intereses. La normativa relacionada con la zona euro respetará las "competencias, derechos y obligaciones" de los países que no forman parte de ella y no podrán suponer una barrera al comercio, apunta la propuesta.
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