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El tribunal jujeño ratificó la resolución dictada por el juez Gastón Mercau, quien el 12 de febrero de 2016 no hizo lugar al cese de detención solicitada por el abogado defensor de la dirigente social, Luis Paz. Reclamo que desde enero también sostienen organismos como Aministía Internacional y el CELS.

En su apelación, Paz señaló que “la detención fue dictada pura y exclusivamente fundada en denuncias” sin pruebas y que “la pena que podría corresponderle a Sala en caso de ser sometida a juicio y resultar condenada no alcanzaría para mantenerla preventivamente detenida”.

Sin embargo, los camaristas Gloria María Mercedes Portal de Albisetti, Néstor Paoloni y Humberto Mario González consideraron que el "juez aplicó la ley en relación a los hechos denunciados en la causa y encuadrables en figuras de los tipos penales descriptos e imputados a Milagro Sala, aplicación con toda claridad".

Mientras que la jueza Portal de Albisetti sostuvo que “por los delitos que se le imputan la pena de ejecución condicional es de imposible configuración, pues en caso de considerarla culpable por tales delitos le correspondería una pena de 5 a 26 años de prisión”.

La diputada del Parlasur fue acusada por el gobierno provincial de Gerardo Morales por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública y extorsión, por lo que desde el 29 de enero permanece detenida en el penal de Alto Comedero, lugar al que fue trasladad luego de dos semanas de estar privada de su libertad por liderar un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial.

El pedido de liberación de Paz también exigía que el tribunal aplique la doctrina de la Cámara Federal de Casación Penal en el sentido de que los procesados con prisión preventiva tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación ni haya peligro de fuga.

Sin embargo, en el fallo de la Cámara, el juez Néstor Paoloni sostuvo que “en las disposiciones contenidas en el nuevo Código Procesal Penal (el cese de la detención) no es un derecho absoluto, sino que es facultativo de los jueces determinar las condiciones tanto objetivas como subjetivas para conceder la condicionalidad de la libertad".

El 11 de marzo, la Tupac pidió la intervención de la Corte Suprema en la causa ante la "falta de independencia de la Justicia de Jujuy" y la serie de irregularidades cometidas en la detención de la dirigente. El juez Mercau es el exyerno de la presidente radical del Tribunal Superior, Clara de Langhe de Falcone, exdiputada radical, designada en la presidencia del tribunal tras la asunción del gobernador Gerardo Morales.

Ayer, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la Tupac y señalaron que la situación “no habilita la jurisdicción ordinaria o extraordinaria de la Corte”.