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Primer día de la “resistencia democrática”. Ante miles de trabajadores reunidos ayer en San Pablo, Dilma Rousseff inició la agenda de actos con sindicatos y organizaciones sociales con la que enfrentará un eventual gobierno de excepción del vicepresidente Michel Temer, quien se apresta a asumir a mediados de este mes.

Evitó nombrar a Temer al que responsabilizó de ser, junto al jefe de diputados Eduardo Cunha y otros dirigentes conservadores, los artífices de un “golpe que quiere acabar con las conquistas sociales”.

“Quiero decirles que voy a resistir hasta el fin, estoy aquí en este primero de mayo porque es una fecha de lucha y de resistencia contra (el despojo) de derechos. Luché toda mi vida, luché contra la dictadura y ahora lucharé por todo lo que se ganó en los últimos años durante los gobiernos de Lula y el mío... cuando el salario mínimo tuvo un aumento real del 76 por ciento... por eso digo no pasarán.”

Dilma mencionó al pasar la violación de la Constitución por parte del campo golpista pero prefirió hacer centro en las consecuencias sociales y políticas de la inminente administración de Temer, un político tan hábil para negociar y confabular como carente de legitimidad electoral y respaldo social.

La encuestadora Vox Populi publicó este fin de semana que el 62 por ciento de los brasileños tiene una imagen negativa de Temer, quien en un consulta divulgada la semana pasada por Ibope obtuvo un rechazo del 58 por ciento.

Según Vox Populi el 61 por ciento de los encuestados reclama elecciones directas, las que tienen el apoyo del 62 por ciento de acuerdo con Ibope.

Puesto en otras palabras: Temer es considerado un intruso en el Planalto por los encuestados, incluso aquellos que exigen la salida de Dilma que sufre de una baja popularidad.

Indiferente a su alto rechazo y casi nulo apoyo, ya que menos del 2 por ciento quiere que sea presidente, el vicepresidente Temer mantiene reuniones permanentes con políticos y empresarios para formar su gabinete y definir un programa de gobierno que se anuncia draconiano.

Como ya lo anticipó uno de sus consejeros de cabecera Paulo Skaf, el presidente de la Federación de Industrias de San Pablo, la entidad que asumió una posición militante en la campaña y el posible financiamiento de los grupos que impulsaron la remoción de la presidenta.

Para Dilma Temer, Skaf y el ex presidente del Banco de Bosto Henrique Meirelles, están diseñando un modelo de país socialmente regresivo y privatista, que tiene entre sus prioridades la revisión de la ley petrolera estatista para la explotación de recursos en la zona geológica conocida como “pre sal” en aguas ultraprofundas.

“Ya prometieron privatizar todo ... ¿Y cuál será la primera víctima? La primera víctima será el presal” vaticinó.

“El proyecto que ellos quieren imponer es el que fue derrotado en las urnas en 2014, si quieren ese proyecto que vayan a las urnas en 2018 (fin mandato Dilma) y lo sometan al escrutinio del pueblo. Pero ellos quieren llegar al poder sin votos, a través de una elección indirecta disfrazadas de impeachment”.

Aseguró que hay una campaña para diseminar la idea de que “el gobierno se terminó”, motivada en el propósito de desemoralizar a las fuerzas democráticas.

Y anunció un conjunto de medidas populares como el aumento del 9 por ciento de la Bolsa Familia, el plan social más exitoso de los 13 años de gobiernos petistas, el incremento del 5 por ciento del mínimo no imponible del impuesto de renta y prorrogó hasta 2019 el programa Más Médicos que atiende a 63 millones de pacientes pobres y ha sido cuestionado, además de saboteado, por las clínicas privadas y sus congresistas.

No habrá paz

Fue la primera vez que la presidenta participó en un acto con organizaciones gremiales fuera del Palacio del Planalto desde 2014.

Dilma y los sindicatos se reencontraron luego del distanciamiento causado por sus medidas de austeridad fiscal aplicadas por el gobierno, cuando el ministerio de Hacienda quedó en manos del neoliberal Joaquim Levy, despedido a fines del año pasado tras una intensa presión de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) y los Campesinos Sin Tierra (MST).

El 16 de diciembre la CUT, el MST y el los trabajadores urbanos sin techo organizaron movilizaciones masivas en respaldo de la democracia las que, por primera vez en casi un año, fueron más concurridas que las realizadas por los adictos al impeachment.

Los actos de diciembre demostraron que pese a la relación de fuerzas adversa en el Congreso, dominado por el jefe de Diputados y aliado de Temer, Eduardo Cunha, el gobierno podía confiar en la convocatoria de las organizaciones sociales y, especialmente, del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien en marzo pasado fue el principal orador de otro acto importante en San Pablo. El jefe del PT y dirigente que encabeza las encuestas presidenciales estuvo ausente ayer en San Pablo debido a una afonía que lo afecta desde hace semanas. Fue precisamente Lula quien esbozó lo que él llamó como “resistencia democrática” que se implementará tan pronto Dilma deba dejar el Planalto.

Wagner Freitas, el presidente de la CUT, anunció una “paralización” nacional de carreteras, fábricas y movilizaciones para la semana que viene en vísperas de la votación final en el Plenario del Senado, de 81 miembros, que probablemente el 11 de mayo aprobará la apertura de un juicio contra Dilma y su automático licenciamiento por seis meses, en los cuales gobernará interinamente Temer.

Seguramente el próximo viernes la oposición obtendrá una holgada victoria en la Comisión Especial de Impeachment, de 21 miembros, que elaborará un parecer recomendando al Plenario enjuiciar a la mandataria.

“Si ese golpe se lleva a cabo no habrá más paz en Brasil, no reconoceremos a un gobierno ilegítimo de Michel Temer que no es más que un golpista de tercera categoría”, tronó el líder de la CUT Freitas en el palco montado en el Valle de Anhagabaú, en el centro de San Pablo con “un sol de 40 grados”, según informó el locutor que lo presentó.