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Antes que la Justicia, las organizaciones sociales del barrio de La Boca lograron identificar a dos de los patoteros que protagonizaron el miércoles la agresión contra los militantes Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina (hermano del senador nacional), de la JP Descamisados. Los hechos ocurrieron durante una reunión del consejo consultivo de la Comuna 4 en la que se discutía la cesión fraudulenta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Se trata de Rodolfo “El cordobés” Corzo y de su hijo del mismo nombre, Rodolfo Corzo. Padre e hijo son empleados públicos del gobierno porteño: el primero es agente de Policía Comunal desde 2011, bajo las órdenes del jefe comunal Jorge Apreda, quien encabezó dos veces la lista de comuneros del PRO; el segundo logró un contrato tercerizado con el Ejecutivo a través de la cooperativa de higiene Solidaria. Las organizaciones remarcaron que ambos forman parte de “una patota del PRO” y calificaron la agresión como un “intento de homicidio”.

En base a fotos y videos tomados con celulares y testimonios de vecinos que circularon ayer por las redes sociales, las organizaciones denunciaron con nombre y apellido a los patoteros en una conferencia de prensa que brindaron en la legislatura porteña. Acompañados por legisladores y organizaciones de derechos humanos, pidieron explicaciones al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: “La violencia que sufrieron los vecinos no es un hecho aislado, es un intento de amedrentar a las organizaciones sociales que defienden sus derechos y denuncian los negociados. El jefe de Gobierno debe dar explicaciones dado que los agresores son sus empleados”, indicó a Página/12 el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo.

Los agresores

En las fotos presentadas como pruebas de los vínculos de la patota con el PRO aparecen identificados Rodolfo “El cordobés” Corzo (padre), lanzando sillas sobre los militantes, y Rodolfo Corzo (hijo), portando el cuchillo con que hirió en el cuello a Matías Scinica, quien permanece internado en el Hospital Penna, fuera de peligro. Según las organizaciones, Corzo padre es un militante rentado del PRO, un puntero “con varios años” en el barrio, que incluso fue parte del cuerpo de seguridad que acompañó a Rodríguez Larreta en sus visitas al barrio durante la última campaña electoral. Su contrato en el Ejecutivo depende de la Secretaría de Descentralización, organismo que regula el funcionamiento institucional de las comunas. “Se lo ve en el barrio como si fuera un inspector, recorriendo negocios, levantando la caja del Gobierno”, describió una militante. “Al hijo recién anoche lo pudimos identificar, es la primera vez que aparece involucrado en algo así, sólo se lo veía a veces limpiando las veredas”, agregó. Corzo hijo es miembro de la cooperativa Solidaria que realiza obras de mantenimiento del espacio público, de manera tercerizada, para el gobierno porteño.

La agresión

Según pudo reconstruir este diario, la violencia se desató cuando Facundo, un militante del Comedor Los Pibes, tomó la palabra. Su idea era leer el acta que las organizaciones nucleadas en la red La Boca Resiste y Propone habían consensuado presentar durante la reunión comunal. Pero no llegó a hacerlo. “Apenas Facundo se presenta como vecino y militante del barrio, la patota empieza a interrumpirlo y patotearlo. El no se calla, y junto a él responden Facundo y Matías. Empezaron a discutir para que los dejen hablar, pero enseguida Corzo se abalanza y empieza la violencia”, relató una vecina presente en el lugar. “Eran diez patoteros en total. Los encerraron en un pasillo, para que nadie vea cómo les pegaban”, agregó.

Hacía dos años que el consejo consultivo no sesionaba. Apurados para denunciar la cesión de tres hectáreas de Casa Amarilla para la construcción de un estadio shopping de Boca sin aprobación de la Legislatura ni audiencias públicas, las organizaciones decidieron autoconvocarse hace dos meses para llevar a la comuna su oposición al proyecto. “La Boca es uno de los barrios con más organizaciones sociales y más movilizados”, apuntó Baldiviezo, “razón por la cual el Gobierno manda a la patota para amedrentar”.

El fiscal

Dos días después de los hechos, no había detenidos. El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, dijo que aún busca “identificar las caras” de los agresores, dos de los cuales ya fueron individualizados por las organizaciones, quienes a priori desconfían de su labor. Munilla tiene decenas de denuncias en su contra por ocultar crímenes de violencia institucional, y para las organizaciones es un “operador judicial del macrismo”. Fue uno de los convocantes a la marcha del 18F.

Informe: Matías Ferrari.