Jueves, 16 de junio de 2016 | Hoy
15:02 › OPINIóN
Por Julián Axat
La tarea de defensa de la legalidad entre las poblaciones más vulnerables de la pirámide social hace posible el encuentro cotidiano entre los curas que trabajan en los barrios populares y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Desde su creación, a través de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajos), la Dirección General de Acceso a la Justicia ha orientado su política criminal hacia la protección de quienes históricamente padecieron la criminalidad organizada y el olvido cómplice del Estado.
Al llegar a los barrios, las agencias se encuentran con un vacío de justicia. A partir de grupos interdisciplinarios comprometidos con la creación y el fortalecimiento de redes de contención, intentan impactar en la mediación de las relaciones sociales con la convicción de que en espacios en los que el valor justicia es lejano, ajeno, difuso, inexistente, distorsionado, es posible crear gestión judiciaria de las conflictividades, con tiempo y decisión institucional.
Allí aparece también el rol de hacedores de justicia de los grupos de curas que trabajan junto a la población. La intervención pastoral de la Iglesia en los barrios populares ha sido central en la Argentina y el resto de América Latina para generar mediación social y contención de las conflictividades. Donde el Estado no se hace cargo de ciertas territorialidades y las deja libradas a su suerte o al accionar de las policías como única instancia estatal presente, o incluso profundiza las asimetrías con la aplicación de políticas que conducen a un mayor empobrecimiento; entonces, la tarea de los curas se torna fundamental.
El rol de estos curas del pueblo como sujetos políticos cobra mayor importancia ante el creciente malestar social. Su labor se resignifica en cada uno de los curas de los barrios a los que el Estado no llega. Un cura que interpela al Estado es un cura que dice la verdad de lo que sucede en su barrio. Y la injusticia barrial debe ser escuchada.
En numerosas oportunidades, el sentimiento de impotencia e injusticia de los habitantes es contenido por estos curas que, además de mediar, resuelven todo tipo de problemas. Un cura de un barrio pobre, de un asentamiento, de una villa, no implica sólo la existencia y el sostenimiento de un comedor en el que sus habitantes contienen el hambre. También están la escucha, la palabra y la confianza, que reconstruyen lazos sociales. Allí hay gestión de justicia.
Cuando la gestión de las necesidades alimentarias básicas insatisfechas pasa a ser la gestión de necesidades legales insatisfechas, también llegan a la parroquia la mujer víctima de violencia de género, el joven vejado por la policía, la desesperación por el crédito usurario, la guarda del hijo por el abuelo. La presencia de los Atajos permite canalizar esas problemáticas y es en esa reciprocidad por calmar y empoderar al vulnerado que se fortalece el encuentro entre los curas de los barrios y los Atajos.
* Director general de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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