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Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron ayer abrir la frontera de forma ordenada, controlada y gradual en beneficio de ambos pueblos. En una reunión en Puerto Ordaz, en Venezuela, los mandatarios escucharon los informes de sus respectivas delegaciones, que trabajaron en la normalización de la frontera.

El jefe de Estado colombiano explicó que será un apertura transitoria y ordenada, que empezará con permitir el paso a los pobladores a partir del sábado 13 de agosto: “Se va a expedir un documento de facilitación fronteriza para que los habitantes de la frontera tengan las facilidades, pero también para controlar quién entra y quién sale”. Indicó que el tema más importante discutido en la reunión fue la seguridad, un punto que va a contribuir a la normalización de la zona limítrofe. En este sentido, anunció la creación de un centro binacional para luchar contra el crimen transnacional en la frontera.

Se habilitarán cinco puntos entre ambos países para el paso de las personas. También habrá dos horarios: desde las 17 hasta las 20 (hora colombiana) y desde las 18 hasta las 21 (hora venezolana).

Maduro explicó que la jornada de varias horas de conversación se realizó “con la mayor voluntad de fortalecer nuestras relaciones integrales entre gobiernos y los pueblos”. Indicó que estuvo motivada por las buenas noticias de ambas delegaciones “para la regularización y el mejoramiento de la vida en nuestra frontera”.

A su llegada al Club Macagua, Maduro estrechó la mano del gobernante colombiano, quien llegó acompañado de su canciller María Angela Holguín y del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entre otros funcionarios. El encuentro fue anunciado la semana pasada por Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, como el escenario en que Maduro y Santos definirá la normalización de los pasos limítrofes. Unas 14 citas de comisiones binacionales antecedieron a esta cumbre presidencial.

En esos encuentros se discutieron aspectos migratorios, comerciales y de seguridad en el territorio de 2219 km, afectado por el contrabando y bandas criminales ligadas al narcotráfico, según las autoridades.

Se espera una declaración conjunta para el final de la jornada sobre el cronograma de reapertura de los pasos fronterizos, que será progresiva.

Maduro ordenó el cierre de la frontera el 19 de agosto de 2015 tras un ataque de paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana, que dejó tres heridos. En ese entonces también declaró el estado de excepción. Inicialmente fue clausurado el paso por el estado de Táchira, pero la medida se extendió luego a los demás corredores fronterizos.

En la reunión de cancilleres de la semana pasada, se resolvió la creación de una cédula de identidad especial para los residentes en la frontera, así como un aumento de los controles de seguridad, en el marco de la lucha conjunta contra el tráfico de drogas, el contrabando de combustibles y el crimen organizado.

Otro encuentro entre autoridades policiales y militares tuvo lugar el martes pasado en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, fronteriza con la colombiana Cúcuta. Allí se creó una instancia de cooperación contra el crimen organizado y se acordó un nuevo esquema aduanero. El llamado Centro Binacional contra el Crimen Organizado se formalizó como resultado de un acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Defensa Vladimir Padrino López (Venezuela) y Luis Carlos Villegas (Colombia). La cooperación en seguridad había quedado en suspenso tras la medida de cierre. Con miras a la reapertura, los dos países también pactaron la instalación de gasolineras venezolanas en el lado colombiano. Sobre esos expendios, la canciller Rodríguez explicó que fue un planteamiento de su gobierno y consiste en vender la nafta venezolana –la más barata del mundo– en pesos colombianos.

El cierre de la frontera crispó las relaciones bilaterales, tras la deportación y el éxodo de miles de colombianos por parte de las autoridades del país vecino. Según cifras de Naciones Unidas citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 21 de agosto al 9 de septiembre de 2015 un total de 1482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados. También salieron debido a que, por su condición migratoria, ya nos les vendían alimentos y sufrían “discriminación y persecución’’ por parte de autoridades, de acuerdo con el reporte. La CIDH denunció en esa oportunidad una crisis humanitaria y violaciones de derechos de los deportados, lo que fue rechazado por Caracas.