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El día que Gabriela Michetti salió a argumentar que parte del dinero robado de su casa correspondía a donaciones recibidas por la fundación SUMA, que ella preside, no calculó que estaba generando una onda expansiva que en poco tiempo se proyectaría a otras entidades dirigidas por funcionarios del PRO. La última semana la Inspección General de Justicia (IGJ) informó, como parte de las medidas de la investigación sobre el origen del dinero sustraído a la vicepresidenta, que ni SUMA ni Fundar Justicia y Seguridad, que dirige el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, ni tampoco Formar, a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, habían presentado sus balances. También está bajo la lupa Creer y Crecer, fundada por Mauricio Macri en 2001 y que se disolvió el año pasado, cuando la comandaba el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Después de que Página/12 revelara este cuadro de situación, que el juzgado de Ariel Lijo analiza como posible modus operandi, Michetti presentó abogados defensores en la causa, lo que implica que asume su condición de imputada. Los denunciantes sospechan que son maniobras de lavado de dinero y/o financiamiento ilegal de la política. Hoy se vence el plazo para que la AFIP entregue un informe sobre fundaciones que debería mostrar, entre los puntos clave, si en sus declaraciones incluyen las donaciones que reciben y si, como dicta la ley, están bancarizadas.

El viernes a última hora, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade presentó una ampliación de su denuncia original ante el juez Lijo, en la que pide que se investiguen cuentas, empresas y contrataciones de Juan Tonelli, pareja de Michetti. Plantea la sospecha de que parte del dinero puede tener origen en contrataciones directas con las que fue beneficiado el año pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A Tonelli lo metió en la escena la propia Michetti, cuando en un comunicado que publicó en su página de facebook dijo que los 50 mil dólares que le robaron se los había prestado él para pagar una maestría que cursaría su hijo. Otros 200 mil pesos que le faltaban, señaló en el mismo texto, “pertenecían a donaciones que se realizaron a la fundación SUMA”, y que fueron recaudadas para “la cena anual” que se haría una semana después. 45 mil pesos también sustraídos eran para pagar refacciones de la casa. Tonelli, por su lado, cuando declaró por el robo, dijo que los 200 mil eran para donar, no que eran donaciones recibidas, como informó este diario.

Lo que el diputado Tahilade sugiere rastrear son contrataciones directas de pauta publicitaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la revista Joy y la organización de eventos como las “Sparkling Nights” (reuniones para catar champán en hoteles cinco estrellas) y “Buenos Aires Market”, para lo cual habría recibido más de dos millones de pesos a través de las empresas Tough Match y Castropol Comunicaciones, según lo publicado en el boletín oficial. La presentación recuerda que habría que rastrear si hay otros contratos no publicados, como sucedió con el candidato de PRO, Fernando Niembro. También sugiere verificar si, efectivamente, Tonelli tenía, reconocidos ante la AFIP, los 50 mil dólares que alega Michetti que le prestó. En su declaración jurada figura una deuda contraída con él en pesos que, según ella, se corresponden con esos dólares.

El robo a Michetti fue mantenido en silencio durante ocho meses, hasta que fue revelado por el diario cooperativo Tiempo Argentino, el 17 de julio. Fue acusado e irá a juicio el hombre que era su custodio por la policía Metropolitana, David Juan Cruzado. Según el informe que envió la IGJ al juez, hasta la fecha en que se conoció el hecho, SUMA no había presentado balances. Es más, de las pocas planillas que había completado surgía que declaraba no tener empleados. Eso se contraponía a simple vista con la declaración de transparencia de su página web, que decía que había pagado 165 mil pesos en sueldos en 2014. Tailhade le pide al juez que investigue a todas las autoridades de la fundación: el secretario es el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, la tesorera es Silvana Giudici, el titular del Sistema de Medios, Hernán Lombardi, es vocal, igual que el embajador en Uruguay Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El hecho de que las fundaciones, que en sus páginas web y campañas muestran su cara amable y solidaria, suelen ser pantallas de mecanismos de blaqueo o desvío de dinero de origen dudoso, es historia vieja. Por esa razón, incluso, en 2011 la Unidad de Información financiera emitió una resolución (la 30/2011) donde impone obligaciones a las fundaciones que reciben aportes superiores a 50 mil pesos (ya sea todo junto o fragmentado en un período de treinta días); cuando es por más de 200 mil deben especificar no sólo el origen de las donaciones, sino presentar una declaración de quien les donó, sobre de dónde salió la plata. Es una declaración jurada sobre la licitud de los fondos. Las fundaciones tienen que tener una persona asignada para hacer estos reportes a la UIF. Y están obligadas a reportar operaciones sospechosas. El abogado Leonardo Martínez Herrero, primer denunciante en la causa, reclamó al juzgado que le pida informes también a la UIF.

Otro caso conocido el año pasado, donde las sospechas apuntan a maniobras de lavado, es una causa abierta contra Lombardi por el supuesto desvío de 1,3 millón de las arcas del gobierno porteño, que debían destinarse a actividades culturales, a la Fundación Pensar. La Cámara Federal ordenó días atrás que continúe esa investigación, que había sido archivada. La denuncia había sido realizada por la Procuraduría antilavado (Procelac).

La fundación SUMA, funciona desde 2009. A juzgar por la información que envió la IGJ al juzgado, nunca habría presentado balances, sólo formularios en cero y, paradójicamente, el reconocimiento de tratarse de personas políticamente expuestas, por lo tanto, que deben ser seguidas de cerca. Los investigadores analizarán en los próximos días documentación que presentó para ponerse tras conocerse el robo y abrirse la causa penal contra Michetti.

Fundar Justicia y Seguridad, vinculada a Burzaco, fue señalada por Tailhade como un caso paradigmático de “fundación fantasma”, que no registra “actividades”. No habría presentado, señaló, su declaración de cumplimiento de normas antilavado ni sus balances. Está registrada desde el año 2002. Reportó cambio de autoridades en 2014.

Formar, la fundación de Dietrich, fue creada en 2010 y no habría presentado tampoco balances ni el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero.

Creer y Crecer tienen entre sus fundadores, en 2001, al actual presidente Macri, a Francisco de Narváez y al empresario de la construcción Gregorio Chodos. La persona jurídica fue cancelada el 4 de abril de este año, pero su última liquidación sería de marzo de 2015, cuando se escrituró la disolución.

Las fundaciones sin fines de lucro no pagan impuestos, pero deben declarar lo que reciben. Por eso será importante el informe de la AFIP que espera el juez. Las donaciones deben estar bancarizadas, no se pueden recibir en efectivo, e tiene que estar identificado quién las aporta. En los próximos días el juzgado también pedirá al Banco Central que informe las cuentas con las que se maneja cada una. Podría requerir, inclusive, la declaración jurada de Tonelli.

El jueves, después que este diario informó sobre el mapa de las fundaciones del PRO y las sospechas sobre el manejo de fondos, Michetti presentó abogados en la causa, que es un modo de asumir que es sospechosa, aunque ya la imputó el fiscal Guillermo Marijuán. La defensa la encabeza el estudio de Alejandro Pérez Chada (abogado de Macri y del suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión) con Santiago Rozas Garay y Anabella Mazzanti.