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Con el apoyo de sindicatos, organismos de derechos humanos y un premio Nóbel de la Paz, el Observatorio de Derechos Humanos se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar que el Estado argentino prohíba el uso de las pistolas eléctricas Taser X26, luego de que el Poder Judicial le diera la razón al Gobierno de la Ciudad y permitiera el uso de esas armas. Las entidades que firmaron la petición indicaron que se viola el deber del Estado a prevenir la tortura.

La petición ante la CIDH fue impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), que había presentado la causa original en la Argentina. La acompañaron con sus firmas las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Vera Jarach, Haydeé Gastelú, Enriqueta Maroni, Nora Cortiñas, Rosa Nair Amuedo, además de Lita Boitano e Irma Scrino de Morresi, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. También la subscribieron el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el pianista Miguel Angel Estrella, embajador de Buena Voluntad de la ONU y Violeta Burkart Noe y Carlos Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos.

Al pedido se sumaron el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López; el titular de ATE Capital, Daniel Catalano; la secretaria general de Sitraju, Vanesa Siley; la presidenta de la APDH, Gisela Cardozo; el titular de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Alberto Juliano; Norberto Liwski, del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos; el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, Pedro Paradiso; Marina Leyes, de Hijos Capital, y Myriam Bregman, del Ceprodh.

El ODH había iniciado un amparo en 2010 por la compra y posible utilización de las armas Taser por parte de la Policía Metropolitana, que tuvo un primer fallo a favor, por parte de la jueza Andrea Danas. Pero el gobierno porteño apeló y la Cámara II en lo contencioso administrativo confirmó en 2013 la orden de no utilizar esas armas. En los fallos se destacó la historia reciente en la Argentina y el uso de las picanas eléctricas como elementos de tortura en los centros clandestinos de detención.

Persistente, el gobierno porteño apeló hasta que llegó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que el año pasado convalidó el uso de ese tipo de pistolas eléctricas a partir de cuestiones procesales. El ODH intentó revertir esa decisión con un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que rechazó analizar la presentación en marzo de este año.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño aseguraron que no tenían previsto por el momento equipar a la Policía Metropolitana con esas armas, lo que no explica por qué continuaron apelando hasta conseguir una sentencia favorable.

En la presentación ante la CIDH, el ODH insistió en que las armas pueden tener consecuencias letales y citaron casos de otros países donde se les provocó la muerte a personas que tenían afecciones cardíacas o trastornos psiquiátricos. Incluso sumaron casos de niños o mujeres embarazadas. También destacaron que organizaciones como Amnistía Internacional se oponen al uso de las Taser y recomiendan a los Estados discontinuar el equipamiento con armas que constituyen “elementos de tortura”. E indicaron que el Comité contra la Tortura de la ONU también las clasifica así: “Provocan un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte”.

En el escrito indicaron que “se intenta prevenir situaciones de posible encubrimiento o impunidad policial que favorezcan un uso abusivo de las armas tipo Taser X26, por las propias características de funcionamiento, en tanto que no dejan marcas sobre el cuerpo”.

“El uso de las armas Taser, en tanto viola disposiciones internacionales, debe impedirse urgentemente”, indicaron. Remarcaron que el Comité contra la Tortura de la ONU señaló a los Estados parte que debían evitar el uso de esas armas y que “la República Argentina no ha cumplido con el compromiso internacionalmente asumido, en la medida en que no ha tomado ninguna actividad tendiente a evitar la utilización de este tipo de armamento”.

En un comunicado, el ODH indicó que “resulta reprochable que una jurisdicción de nuestro país como la Ciudad de Buenos Aires adopte la decisión de equipar a la policía local con elementos de esta índole. Además, la República Argentina, al rechazar la Corte Suprema de Justicia el amparo, incurre nuevamente en una transgresión a normas internacionales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos”. “Justamente aquello que se pone en conocimiento de la Comisión es que la República Argentina debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de trato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso debieron consistir en medidas ejecutivas pero también judiciales”, advirtieron.

Los dirigentes de la ODH sostuvieron que esperan que “la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales”.