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“Por la forma en la que está llevando a cabo la convocatoria a la audiencia pública, el Gobierno se está exponiendo a una nueva judicialización”. Las asociaciones de consumidores advirtieron al Enargas y al Ministerio de Energía que los nueve encuentros previstos para el 16 de septiembre en varias ciudades del país para analizar la suba del gas no cumplen con los requisitos mínimos que solicitó la Corte Suprema en el fallo que anuló la suba tarifaria. El principal déficit es que el Gobierno no puso hasta ahora a disposición de los usuarios ningún tipo de información vinculada a la situación del sector de la producción (precio del gas en boca de pozo), mientras que los datos del transporte y distribución aparecen de a cuentagotas. Tampoco hay estudios sobre el impacto del aumento tarifario sobre distintos segmentos de la población. Ante la presión de las entidades y de otros espacios políticos, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, recibirá a las asociaciones de usuarios este jueves por la mañana. Un sector del Gobierno promete que los cuerpos del expediente van a estar disponibles, pero a este ritmo las entidades se ven venir que recién el día de la audiencia aparecerá toda la información, lo cual anula las posibilidades de debate real y reduce la convocatoria a una formalidad. Así, el Gobierno continúa con su táctica de tanteo: primero fue el tarifazo puro y duro, después tuvo que disponer de topes para amortiguar la presión, luego debió convocar a una sola audiencia pública para todo país, que posteriormente replicó en varias provincias, aunque en este momento estén flojas de contenido. El tema extiende el pantanal tarifario, porque abre la puerta a una nueva ola de judicialización.

La falta de audiencia pública a la hora de aplicar el aumento en las tarifas fue el eje argumentativo de la marcha atrás que aplicó la Justicia para los usuarios residenciales de gas. Benefició sólo a ese segmento de usuarios no porque los no residenciales puedan prescindir de la convocatoria a la audiencia sino porque no constituyen un grupo de litigantes homogéneo, consideró la Corte Suprema. Por eso, decenas de entidades pymes, clubes de barrio, cooperativas y centros culturales han presentado en estos días amparos colectivos para conseguir equiparar su situación a la de los hogares. La Justicia todavía no respondió la mayoría de las demandas (ver nota aparte). Además, se espera que el próximo 6 de septiembre la Corte siente posición sobre la cautelar que mantiene frenado el aumento de la electricidad, cuyo aumento presenta el mismo bache formal de falta de audiencia pública que motivó la marcha atrás tarifaria del gas.

Las audiencias públicas del gas están previstas para el 16 de septiembre. Sin embargo, las condiciones de la convocatoria vuelcan la cancha hacia una nueva etapa de impugnaciones, incluso judiciales. “La Corte dice que el expediente administrativo, que es donde el Gobierno tiene que ir ingresando toda la información correspondiente para llevar a cabo una audiencia pública en serio, debería estar online. Pero eso no ocurre, siguen pasando los días y no aparece. Es como si por un conflicto personal alguien es citado a una audiencia pero sin saber el tema a tratar. ¿Qué se hace? Se pide un cuarto intermedio para estudiar la información. Las audiencias no son informativas, son participativas”, explicó a este diario Claudio Boada, quien encabeza los reclamos que por este tema lleva a cabo la Multisectorial contra el Tarifazo.

El viernes hubo una reunión en el Enargas en donde especialistas se sentaron varias horas a analizar el contenido del expediente de la audiencia pública, que cuenta por ahora con 1400 hojas de las cuales la mayor parte es información de las personas que se inscribieron para participar de la convocatoria. En términos de datos sobre cuales se debatirá qué hacer, por ahora sólo Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) presentaron informes y Litoral Gas hizo lo propio para la audiencia que se celebrará en Rosario. Metrogas presentaría su informe esta semana. Sin embargo, de la formación del precio del gas en boca de pozo, nada. Es el segmento, por lejos, más sensible para el Gobierno, que sostiene que la apertura de esa información es un desaliento para las inversiones de las petroleras.

La información sobre el precio del gas en boca de pozo podría no ser un déficit de carácter instrumental sino estructural de la convocatoria, ya que el objeto del llamado a la audiencia habla de la transferencia del precio del gas en boca de pozo al sistema de transporte pero no versa específicamente sobre la formación del precio del gas en boca de pozo. Esto entra en contradicción con el fallo de la Corte, que advierte que “hasta el momento en que el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, es necesaria la celebración de una audiencia pública. Esta audiencia pública debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución”. Por otro lado, el Gobierno no puso a disposición de la audiencia ningún tipo de estudio de impacto del tarifazo sobre, por ejemplo, jubilados, asalariados, monotributistas, pymes o comercios. Ante la advertencia sobre las flaquezas de la convocatoria a la audiencia pública y la posibilidad cierta de una nueva judicialización, Aranguren recibirá este jueves a las entidades de consumidores, aunque no trascendió cuál es el motivo de la reunión.

“Vemos venir que la información va a aparecer el día de la audiencia, entonces no se entiende qué vamos a discutir. Así es muy complicado. Estará vacía de contenido, están cumpliendo con una formalidad pero reteniendo la participación ciudadana. Se exponen solos a la nueva judicialización. ¿Cómo se puede debatir de esta forma? No creemos que esto vaya por el buen camino”, agregó Boada.

En su fallo que anuló la suba del gas, la Corte advirtió en varios pasajes sobre la posibilidad de que la audiencia esté vacía de contenido. “La audiencia no es un evento destinado a que se notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios en meros espectadores”, indicaron los magistrados. Los magistrados también plantearon que hay “condiciones de cumplimiento imprescindible, si lo que genuinamente se persigue es profundizar el fiel ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática y no acrecentar por parte de los poderes políticos su catálogo formal de instituciones nominales vaciadas de todo contenido, que únicamente aumentan sus credenciales democráticas y que solo pretenden legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”. Y definen que “todas las etapas anteriores -en relación a la audiencia pública– constituirían puro ritualismo si la autoridad no considerara las situaciones y argumentaciones que se expusieron en la audiencia y el modo en que ellas inciden en las medidas que se adoptan”.

El Gobierno cedió en algunos puntos de la convocatoria a la audiencia a partir de la presión de las entidades. En un primer momento iba a ser un único encuentro en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires pero luego se incorporaron ocho llamados para el mismo día: Concordia, Santa Rosa, Rosario, Mendoza, Salta, Rio Grande, Neuquén y Córdoba. Sin embargo, la inscripción a la audiencia tiene que ser presencial en la sede del Enargas de cada una de estas localidades, lo que “perjudica notablemente la participación de los usuarios y ciudadanos en general”, plantearon las asociaciones en un comunicado. La idea es que luego la participación pueda ser online, a través de videoconferencia.