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La Justicia puso primera en la causa que investiga el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti. El juez federal Ariel Lijo ordenó, en el marco de una serie de medidas de prueba, secuestrar los libros de la fundación SUMA, que preside Michetti, porque detectó que recibió donaciones por 4 millones de pesos. Pero los funcionarios judiciales no pudieron acceder a los registros contables porque no se encontraban en el lugar. Además, el magistrado requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que, “con carácter de urgente, comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero con relación a la actividad financiera” de esa fundación. Y también solicitó el levantamiento del secreto bancario sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad o transferencias que haya realizado, según consta en las órdenes a las que accedió Página/12.

Estas iniciativas indicarían que el magistrado está dispuesto a profundizar, aunque las fuentes consultadas fueron cautas. “Veremos si mantiene este rumbo pero igualmente todo puede terminar en un delito simple, como omisión maliciosa, que tiene una pena de 15 días a 2 años, o terminar siendo lavado de dinero, que lleva pena de prisión, como le fue aplicada a Lázaro Báez”, graficó la fuente.

Durante el procedimiento, voceros de la fundación explicaron a los funcionarios judiciales que los libros contables estaban bajo la custodia del contador y se comprometieron a llevarlos hoy a primera hora al juzgado. “Vinieron con una orden, sacaron fotos, recavaron datos y elaboraron un informe, estamos a disposición de la justicia, hay un contador, un abogado y nuestra directora Ejecutiva trabajando en el tema”, informaron fuentes de la fundación. Los investigadores señalaron que esto es irregular, porque queda abierta la posibilidad de que hoy entreguen la documentación pero habiendo tenido la oportunidad de alterar su contenido. “Sería una más de las tantas irregularidades de esa fundación, que nunca presentó balances y es un sello de goma, un lugar para lavar dinero de la campaña”, comentaron fuentes del caso.

El juez Lijo recibió, además, una serie de declaraciones juradas que le proveyó la AFIP de las que se desprende que la fundación SUMA recibió 4 millones 100 mil pesos en donaciones durante el 2015 por lo que ahora intentará determinar si fueron movimientos bancarizados.

La investigación se inició luego de que el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié denunciaron a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre. El robo ocurrió la noche en la que se consagró vicepresidenta cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa, y por el hecho fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un policía de su custodia. Michetti afirmó que, de lo robado, 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cartón provenían de donaciones a la Fundación SUMA, que 45 mil eran para el pago de refacciones en la vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo.

En las próximas horas Lijo pedirá las declaraciones juradas de la pareja de la vicepresidenta para determinar si el relato de la funcionaria se condice con los bienes y activos declarados por Tonelli Banfi.