El juez federal Julián Ercolini, además, ordenó la inhibición de los bienes de CFK, del exministro de Planificación, Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del empresario Lázaro Báez. Es en el marco de una casua por la concesión de rutas otorgadas en beneficio del empresario Lázaro Báez durante el gobierno de Cristina.

Se trata de la indagatoria que le habían solicitado los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió y luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.

Ercolini aceptó la citación de 17 de las 34 personas que habían solicitado los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, repartidas en dos presentaciones -la primera a mediados de agosto y la segunda la semana pasada-, con el detalle de las 227 supuestas evidencias que fundaron el pedido original. No obstante, Ercolini requirió que, a la espera de las citaciones, se lleve adelante una serie de diligencias, entre ellas un pedido de informe completo de la Dirección Nacional de Vialidad con "un detalle pormenorizado de los pagos realizados (mes a mes) a las empresas del Grupo Austral, en el lapso comprendido entre 2003 a 2015, con individualización de los conceptos y las obras a las cuales correspondan".

Se trata de uno de los capítulos que se investigan en el marco de la megacausa abierta en 2008 y que se activó luego de la auditoría que llevó adelante la Dirección de Vialidad de la gestión macrista.

Los fiscales acusaron a Cristina Kirchner de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz. Según dijeron, mientras el empresario ahora detenido "era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz", se "le garantizaba a la ex familia (presidencial) ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".

En una resolución de 29 páginas, Ercolini citó los argumentos de los fiscales en donde se detalló que la maniobra se habría edificado sobre "cuatro pilares fundamentales: 1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Báez en detrimento de las arcas del Estado".