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La conflictividad laboral tuvo un fuerte aumento en el inicio del segundo semestre. Impulsada por los pedidos de reapertura de las negociaciones paritarias, en el mes de agosto hubo un 77 por ciento más de protestas que en julio. Los trabajadores del Estado fueron el principal motor de esta intensificación de los reclamos, mientras que entre los privados, los de la industria realizaron el 80 por ciento de los reclamos del sector.

Prácticamente todos los salarios acordados en las paritarias quedaron a esta altura del año por debajo de la suba de los precios: la inflación interanual del Congreso, por ejemplo, fue estimada en el 43,5 por ciento de agosto a agosto. Producto de esta situación, durante el mes que pasó y continuando una tendencia que venía desde julio, más de la mitad de los conflictos se produjeron en reclamo por aumentos de salarios (58 por ciento). Al mismo tiempo los despidos y suspensiones no se han frenado, y fueron la razón del 22 por ciento de las medidas de fuerza. En proporciones menores, le siguieron reclamos por condiciones de trabajo (12 por ciento) y por persecuciones políticas y sindicales (4 por ciento).

Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su nuevo informe sobre conflictividad laboral y social. La investigación del organismo que dirige Hernán Letcher fue realizada por Leandro G. Bargero, Marcela De Felipe, Julia Strada, Gabriela Benaghi y Mauro Rojas.

Los investigadores observaron que en agosto, los reclamos de paritarias o por cuestiones salariales fueron más significativos en el ámbito público respecto del privado, ya que representaron poco más del 75 por ciento, de los 102 conflictos registrados. En cambio, esta relación se invierte al considerar los conflictos originados por despidos y suspensiones, que en agosto fueron 38, los que representan el 73,7 por ciento de las medidas en el sector privado.

A su vez, los trabajadores del sector privado siguen afectados por atrasos en el cobro de sus sueldos, lo cual habla de las dificultades en la cadena de pagos de la actividad económica. Siempre hablando de los conflictos ocurridos en las empresas y referidos a temas salariales, un 50 por ciento de los casos fueron en demanda de mejoras, y un 40 por ciento para que los sueldos se paguen a término.

Un dato a tener presente es que la conflictividad no depende solamente del grado de afectación que sufra un sector de trabajadores, sino de su posibilidad de organizarse y dar una respuesta colectiva. En este sentido, el informe pone como ejemplo el caso de los trabajadores de la construcción, que son el gremio más afectado por la pérdida de empleos con el parate de la obra pública y privada, a pesar de lo que sólo protagonizaron el 7 por ciento de las protestas por despidos.

En cuanto a las zonas donde se están viendo la mayor cantidad de protestas laborales, la provincia de Buenos Aires encabezó el rating, concentrando el 21 por ciento del total, seguida de la ciudad de Buenos Aires (12,5 por ciento). En lo geográfico, un dato llamativo es el alto número de conflictos laborales en las provincias de la Patagonia, impulsadas por los gremios estatales y petroleros.

El CEPA diferenció en su relevamiento los conflictos específicamente laborales de los sociales. El criterio de diferenciación seguido fue que los primeros corresponden estrictamente al ámbito del mercado de trabajo llamado “formal”. En este sentido, los investigadores registraron un número mucho mayor de conflictos laborales que sociales (71,6 contra 28,4 por ciento), pero también una tendencia al aumento de estos últimos. Los detonantes de las manifestaciones sociales fueron las políticas de ajuste (los tarifazos y la caída en los ingresos de los trabajadores informales), y la falta de trabajo.

Los hechos de conflictividad social más significativos del mes fueron para los investigadores los ruidazos contra el aumento de las tarifas y la movilización de San Cayetano a la Plaza de Mayo “llevada a cabo por la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, ATE, CTA y la Alameda, que buscó visibilizar la grave situación que atraviesan los sectores populares”.

El informe apunta que este escenario de creciente conflictividad de los trabajadores debe completarse incluyendo en la imagen las protestas de los productores tamberos y frutihortícolas, que repartieron de manera gratuita leche, frutas y verduras en la Plaza de Mayo para dar a conocer las situaciones de crisis que atraviesan.