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Durante todo el día de ayer, aun después de que se hizo pública la suspensión del tratamiento de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, seguía llegando a la Cámara de Diputados una catarata de rechazos al proyecto de Cambiemos y el Frente Renovador diseñado para desplazar al la procuradora Alejandra Gils Carbó y generar a través de una Comisión Bicameral mecanismos de injerencia política en el organismo que dirige. La ola de repudios, que no paró de crecer desde el lunes y que mezcló voces variadas y antagónicas como la tradicional Asociación de Magistrados, Justicia Legítima, fiscales de todos los fueros y organizaciones de derechos humanos, se fusionó luego con mensajes de celebración por el freno a la votación que estaba prevista para hoy. La discrepancia que hizo pública Elisa Carrió fue un factor influyente en el desenlace. Ella calificó de inconstitucional al dictamen, que en rigor era la postura de la muchos entre la multitud de fiscales y jueces que reaccionaron, que fue inédita. Mientras tanto se gestaban manifestaciones en el Congreso, una de fiscales mujeres y el colectivo #NiUnaMenos.

“El acuerdo de Cambiemos con el Frente Renovador para repartir cargos y jurisdicciones se quebró. Espero que acepten escucharnos, no como hasta ahora que quisieron hacer lo mismo que con los nombramientos de los ministros de la Corte por decreto. Deben respetar la convencional constituyente de 1994, que determinó la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo a Página/12 la fiscal de juicio Mónica Cuñarro, una de las primeras en objetar públicamente el dictamen aprobado la semana pasada por un plenario de comisiones. También los fiscales federales Jorge Di Lello, Carlos Rívolo, todos los fiscales federales de juicio y la Asociación de Fiscales fueron caras visibles de una protesta que rápidamente se generalizó. Ayer habían ingresado a la Cámara de Diputados dos notas con firmas de decenas de fiscales.

“De aprobarse, la ley afectará seriamente la autonomía del Ministerio Público y la de las y los fiscales para ejercer con independencia nuestra función; implicará un retroceso en materia de paridad de género; y comprometerá la continuidad de la política criminal sobre violencia contra las mujeres”, decía uno de los documentos, firmado por 40 fiscales mujeres, que compartían las críticas más señaladas sobre la interferencia legislativa en el órgano donde convergen los fiscales, pero precisaban que el proyecto va a contramano de todos los avances en materia de derechos de las mujeres y la protección e investigación frente a distintas formas de violencia de género. El dictamen llevaba a disminuir la representación femenina en cargos directivos y no garantizaba la continuidad de la Unidad especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Otra de las notas, ponía el foco en la inconstitucionalidad de la reforma prevista al “violar la autonomía funcional y la autarquía financiera consagrada en el artículo 120 de la Constitución” y habilitar una “intervención de facto” de parte de la Comisión Bicameral en la política criminal, la creación de unidades y la designación de sus titulares y los de las procuradurías especializadas. El texto plantea si no se trata de una “cortina de humo” para controlar las causas que tramitan en el fuero federal, tanto contra el gobierno anterior como el actual. Entre las firmas que lo apoyan se mezclan Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Departamento de Derecho Penal de la UBA, los fiscales federales Carlos Stornelli, Rívolo, Paula Assaro, los jueces Alejandro Slokar, Martín Vázquez Acuña, Alicia Ruiz, Mirta López González, el colectivo #NiUnaMenos, el jurista Julio Maier, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S, el Serpaj, entre una larga lista de organizaciones y personalidades que, además, anunciaban que se presentarían al momento del debate en el Congreso. Las protestas que estaban en preparación, entre ellas las de mujeres y la del gremio Sitraju, quedaron desactivadas.

Con la ironía que lo caracteriza, el abogado Alberto Bovino escribió en su blog No hay derecho, una frase ilustrativa: “El Poder Ejecutivo ha logrado, con su proyecto de reforma a la ley del MPF, la unión nacional. Hasta el momento el proyecto ha logrado una coalición de aliados imposible de imaginar. No los une el amor sino el espanto”. Luego desarrollaba un análisis de las “merecidas críticas” al proyecto de reforma que enumeraba así: “El mandato de cinco años para el procurador general, la facultad del procurador de reasignar causas, la facultad de 16 legisladores de designar fiscales, titulares de procuradurías, unidades especializadas, aprobar o rechazar instrucciones; las funciones de la Bicameral son inconstitucionales; se afecta la autonomía; la injerencia del Poder Ejecutivo en los concursos”.

“El contundente y variado rechazo al proyecto de reforma del MPF refleja una fuerte coincidencia sobre la necesidad de defender la independencia y la autonomía de un organismo que salió de las sombras para desempeñar un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos”, sumó otro ángulo Andrea Pochak, como directora de Derechos Humanos de la Procuración.

Difundieron sus comunicados también: Justicia Legítima, que cuestionó la intención de “un MPF conducido promiscuamente con el poder político de turno”; la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos señaló que “la autonomía de los ministerios públicos es una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”; la Comisión Provincial por la Memoria sumó su preocupación y reclamó una “reflexión profunda sobre las normas necesarias para democratizar la justicia”; mientras que la Asociación de Abogados de Buenos Aires dijo, avanzadas ayer las noticias, que se “congratula ante la suspensión del tratamiento parlamentario”.