El archivo del caso fue resuelto por la justicia uruguaya el 19 de octubre a pedido del fiscal Enrique Moller, a quien los organismos enviaron una carta, con copia al presidente uruguayo Tabaré Vázquez. En la misiva, que fue publicada hoy en el diario La República, la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina, Familiares de Detenidos de Desaparecidos en Uruguay, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones, expresaron su "repudio" por el archivo del caso de María Claudia, secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo, donde fue asesinada en 1977 luego de dar a luz una niña, Macarena Gelman, que hoy vive en Uruguay.

Las organizaciones de derechos humanos señalaron que "nadie puede llegar a comprender que se consagre la impunidad en un caso que es de los más emblemáticos en cuanto a la demostración del genocidio (caracterizado por el tráfico de vientres y robo de bebés) que se ha perpetrado en nuestros países".

Indicaron que el caso Gelman "demuestra el plan macabro de haber secuestrado en vida una niña de apenas 19 años de edad, embarazada de 7 meses y medio, quien había recién comenzado a vivir llena de esperanzas".

Moller solicitó el archivo de la causa por entender que la misma está comprendida dentro de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en el Uruguay.

En la carta también se sostuvo que Moller actuó con "total arbitrariedad y no honró lo mejor de la historia de nuestro pueblo (el uruguayo) colaborando para terminar con esta vergüenza". "Hoy los propios mandos militares en sus informes han aceptado declarar el lugar en que habían enterrado sus restos", señalaron y agregaron que "aún hoy, sabiendo usted (Moller) el lugar donde fue asesinada", no hay detenido "uno solo de los implicados en el traslado y posterior asesinato de María Claudia al SID (Servicio de Inteligencia de Defensa)".

Los comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea entregaron el 8 de agosto al presidente Vázquez tres informes con datos sobre detenidos-desaparecidos recabados en una investigación interna, en base a los cuales se buscan los restos de María Claudia en el Batallón de Infantería Paracaidista 14, en la ciudad de Toledo, vecina a Montevideo.

Las organizaciones de derechos humanos subrayaron que con la decisión de Moller "se ve consagrada la impunidad en nuestro país y no sólo eso, sino que el amparar a estos genocidas hace que cada vez se sientan con más derecho de intervenir en política y que lo que sucedió antes se vuelva a repetir en el futuro".

Entre los firmantes de la carta se encuentran el Premio Nobel de la Paz, Adofo Pérez Esquivel y la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Berta Schubaroff, abuela de Macarena Gelman.

Fuente: Télam