Saste señaló que "por los cambios de jueces" no hubo resoluciones en la causa, mediante la cual se investigan los presuntos casos de inteligencia a civiles desde esa base militar, denunciados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Este es el tercer juez que interviene en el expediente, que cuenta con seis cuerpos. Primero intervino Jorge Pfleger, quien ordenó los allanamientos a distintas unidades de la armada, pero luego renunció al juzgado para ocupar un lugar en la corte provincial de justicia y luego como conjuez el abogado del foro local Luis López Salaberry.

Sastre explicó que "la semana pasada se hicieron peritajes en los equipos de computación que se secuestraron y se desterminó que en uno de ellos existía un placóm, es decir un soporte con información encriptada que la armada había reclamado porque tiene que ver directamente con la inteligencia militar que se comparte con otros países", sostuvo Sastre.

Sobre esto último, el juez federal subrogante reveló que "de inmediato se dispuso la devolución del elemento", que había sido denunciado por la fuerza naval, tras interpretar que el juez no tiene facultades para secuestrar material que compromete la seguridad nacional.

Esto dio lugar a una causa paralela que se desprendió de la original y cuyos alcances analiza el fiscal federal Fernando Gelves.

En tanto, el abogado defensor de parte de los 15 citados a indagatoria, Guillermo Hervida, señaló que la causa "está caída desde un principio por las graves irregularidades cometidas".

El letrado puso como ejemplo que en el acta de allanamiento figuran cuatro computadoras secuestradas y nosotros sabemos que son cinco, entre ellas la del denunciante, un tal cabo Carlos Alegre, que no sabemos porqué no se consignó como secuestrada, aunque sabemos que est en el tribunal".

Además, sostuvo que "otro soporte informático de los llamados Placóm con información naval secreta y encriptada, también fue secuestrada desde la base Zar y desapareció del juzgado sin que nadie se haga cargo de tamaña irresponsabilidad".

El penalista sostuvo: "Veremos que se hará" en torno de las futuras citaciones a indagatorias, en las que la defensa sostiene que los imputados no pueden declarar porque no están autorizados por ley a ventilar información militar y sostienen que la dispensa presidencial no alcanza.

De los 15 imputados, declararon siete. Restan seis prestar testimonio y hay dos cuya situación procesal está a punto de ser resuelta por el juez subrogante, según éste último reveló hoy.

La causa se inició el 17 de marzo pasado, tras una denuncia realizada por el Cels que motivó un allanamiento a la base almirante Zar, desde donde se extrajeron documentos que revelarían la actividad de espionajes a civiles por parte de cuadros de inteligencia de la marina.

Fuente: Télam