El pedido, formulado por los abogados Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón ante el juez federal porteño Sergio Torres, es idéntico al que presentó otro letrado, Alejo Ramos Padilla, representante de Isabel "Chicha" Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mediante una quincena de páginas, los abogados también se opusieron a la concesión de permisos laborales y denunciaron abusos en las salidas especiales para tratamientos médicos.

En ese sentido, el escrito pide al juez una investigación sobre presuntas falsificaciones de certificados médicos por parte de los procesados para "soslayar la medida cautelar privativa de libertad oportunamente impuesta".

A modo de ejemplo, citaron que un procesado identificado como Oscar Lanzón goza de un permiso especial para concurrir a un grupo Alcohólicos Anónimos tres veces por semana, durante dos horas.

"Si tantas dolencias tienen los miembros y ex miembros de la Armada, nada mejor que sean alojados en lugares de detención que cuentan con servicio médico y que sólo excepcionalmente -según la especialidad o complejidad de la consulta- puedan solicitar su egreso de esa dependencia", sostiene el escrito.

Los abogados reclamaron al juez Torres que "ordene el traslado de los imputados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que tengan tratamiento y custodia penitenciarios".