Al Kassar, quien también fue investigado en Argentina por falsificación de documento y otras causas, fue detenido el pasado 8 de junio en el aeropuerto madrileño de Barajas, en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense, informaron fuentes judiciales.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, resolvió autorizar la extradición de Al Kassar solicitado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, aunque exigió la garantía de que no sea condenado con la pena de muerte.

La justicia estadounidense acusa a Al Kassar de "conspiración para matar a ciudadanos, agentes y funcionarios estadounidenses, conspiración para obtener y usar misiles antiaéreos, conspiración

para suministrar material y recursos a una organización terrorista internacional y blanqueo de capitales".

Estados Unidos considera a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como "grupo terrorista".

Estos delitos pueden ser castigados con la pena de muerte en Estados Unidos, por lo que España podría negarse a entregar a Al Kassar, ya que el Artículo 7 del tratado de extradición bilateral establece esta posibilidad.

La defensa del presunto traficante sirio podrá apelar la decisión judicial ante el pleno de la Sala Penal de la Audiencia, y será el Consejo de Ministros español el que finalmente decida si autoriza o no la entrega de Al Kassar a Estados Unidos.

El pasado 4 de octubre, el abogado defensor de Al Kassar, Sanz Arribas, aseguró en una audiencia que su cliente fue objeto de una "conspiración" a cargo de agentes de inteligencia estadounidenses que se infiltraron en España e hicieron pasar por funcionarios nicaragüenses.

Al Kassar se defendió diciendo que intervenía en una venta legal de armas de Rumania a Nicaragua y que las FARC no eran el destinatario final, como dicen los agentes estadounidenses.

El presunto traficante sirio, que hasta su detención vivía en una mansión de Marbella, fue imputado en el pasado por el juez Baltasar Garzón sospechoso de haber colaborado en el secuestro del barco italiano Achille Lauro, en 1985, a manos de extremistas palestinos.

La justicia española lo acusó de pertenencia a organización terrorista -el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)-, de asesinato consumado, detención ilegal y piratería, entre otros cargos.

El presunto traficante sirio pasó 14 meses en prisión preventiva y finalmente fue absuelto a falta de pruebas.

En Argentina, Al Kassar fue acusado durante el gobierno de Carlos Menen por irregularidades en la tramitación y obtención de su ciudadanía argentina, que logró en sólo 24 horas.

En abril de 2005, a trece años del hecho, el juez federal Jorge Ballestero declaró prescripta la causa, pero su decisión fue revocada a fines de 2006 por la Corte Suprema.

Además, Al Kassar es sospechoso en otras importantes causas que investiga la Justicia argentina, como el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Menem.

Fuente: Télam