Castells consiguió además en el tramo final de la marcha ser recibido por el jefe de despacho de Mauricio Macri, Jorge Alves, y por otros dos funcionarios de la jefatura de Gabinete, con quienes acordó -según informó el piquetero- una reunión para el jueves próximo para analizar la viabilidad de poner en marcha otra vez el comedor solidario de Puerto Madero.

El piquetero dijo que consiguió que el gobierno porteño excluyera las palabras "permiso y autorización" de la disposición que prevé que los manifestantes deben informar su cronograma de protestas a las autoridades porteñas.

"No voy a pagar ninguna multa ni hacer ninguna tarea porque nuestra vida está dedicada a los que más necesitan", reflexionó.

Por último, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) entregó un petitorio para que sean liberados presos políticos en la sede del Ministerio del Interior que funciona en la Casa de Gobierno nacional.

La movilización arrancó en la estación ferroviaria de Constitución, desde donde los piqueteros avanzaron ocupando cuatro carriles de la 9 de Julio hacia el edificio de Peugeot, en avenida del Libertador, donde exigieron "el pago de indemnizaciones a despedidos".

Desde allí avanzaron hacia la jefatura de gobierno porteña, en avenida De Mayo 525, donde pidieron la reapertura del comedor clausurado del MIJD en Puerto Madero, y más tarde en la Casa Rosada, la "libertad a los presos políticos y la reincorporación de los trabajadores del Casino flotante".

La movilización comenzó pasadas las 10.30, una hora después de que Castells pidió en Constitución que Metrovías reincorpore a tres empleados despedidos.

Los piqueteros se apostaron frente a las boleterías, custodiadas por la Policía Federal, para dar a conocer su demanda, pero "no las bloquearon", aseguraron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Aníbal Fernández.

Castells insistió con que esta marcha responde a "una cuestión de principios" y reiteró su idea de que es "anticonstitucional" la medida que impone avisar a las autoridades porteñas sobre las manifestaciones que se prevén realizar.

Con todo, desde el gobierno de la ciudad se aclaró que "no se trata de impedir las protestas, sino de organizarlas para garantizar la libre circulación de todos".

El líder piquetero definió como "una provocación que cercena la libertad de expresión de los ciudadanos", la decisión informada por el jefe de los fiscales de la Ciudad, Germán Garavano, respecto a que hará cumplir la legislación porteña, que obliga a quienes quieran manifestarse a dar aviso previo a las autoridades.