La jornada de protesta fue organizada en repudio a la detención de la dirección del ilegalizado partido Batasuna y de miembros de otras organizaciones políticas independentistas.

La medida, convocada en reinvindicación el derecho del País Vasco a la independencia, busca que el gobierno central de Madrid de marcha atrás con la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones, acusadas de colaborar con el grupo independentista armado vasco ETA.

Según un comunicado difundido por Batasuna, la jornada de hoy debe servir "para tomar conocimiento de la situación y pasar de la acción política a la movilización en las calles a favor de la independencia".

Durante la madrugada se produjeron algunos hechos de violencia atribuidos a grupos de la denominada "kale borroka" (lucha callejera) en las provincias vascas de Guipuzcoa y Biscaglia y un ataque contra una estación de ferrocarril que provocó la suspensión del servicio.

Una persona fue herida en Bilbao, cuando un tanque lleno de cemento colocado por huelguistas para cortar una calle rodó y lo golpeó, fracturándole una pierna, según informó la policía vasca.

Por ese hecho fueron detenidas 11 personas, mientras que otros dos fueron arrestados por colgarse de un puente sobre las vías del subterráneo en la misma ciudad.

Además, jóvenes encapuchados quemaron neumáticos en una autopista e incendiaron una estación de ferrocarril y un ómnibus de pasajeros vacío.

Según el ministro de Empleo y Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga, la huelga no tuvo en las primeras horas un seguimiento significativo.

La huelga general fue convocada por el partido Batasuna, cuya dirigencia fue encarcelada casi en su totalidad, y por dos formaciones independientes Acción Nacionalista Vasca (ANV) y EHAK (comunistas), suspendidos por tres años por el juez Baltasar Garzón, y que también sufrieron varias detenciones de dirigentes.

Además, por decisión de la justicia, ninguno de estos partidos podrá participar en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 9 de marzo en España.

La medida de fuerza es sostenida por el movimiento pro-amnistía Askatasuna y por el sindicato LAB, y la apoyan dirigentes de algunos otros sindicatos.

Por su parte, los diarios independentistas vascos Gara y Berria no actualizaban sus páginas digitales en adhesión a la medida.