Golberg se reunió ayer con el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, para dar explicaciones sobre el incidente protagonizado por Cooper, quien no podrá regresar al país trasandino, tras haber sido declarado "persona no grata" por el propio presidente Evo Morales en un acto público, informó hoy la agencia de noticias boliviana ABI.

"Quiero agradecer al canciller por la reunión y por aceptar las explicaciones. Nosotros tenemos toda la intención de mejorar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos", dijo Goldberg a Choquehuanca.

Tras reiterar que Cooper no podrá regresar a Bolivia, el canciller aceptó las explicaciones del embajador estadounidense y resaltó la voluntad del gobierno boliviano para "superar este problema".

"Bolivia quiere construir relaciones bilaterales positivas", manifestó Choquehuanca, en conferencia de prensa conjunta con Goldberg y el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

No obstante, Choquehuanca señaló que continuarán las investigaciones sobre la denuncia que realizó el becario, John Alexander Van Schaick, sobre el pedido que le hiciera Cooper para "espiar" a cubanos y venezolanos en Bolivia.

Van Schaick ratificó la denuncia que hicera la semana pasada, esta vez en una declaración voluntaria a la notaria de Fe Pública, Marlene Cabrera.

En esta nueva declaración, el becario reiteró que Cooper le dijo que cuando estuviera en el campo si encontraba a "cualquier venezolano o cubano trabajando ahí o como doctores" debía reportarlo a la embajada "con sus nombres y dónde vivieran".

El canciller informó, además que Cooper será citado por el Departamento de Estado estadounidense para ser interrogado por las denuncias de espionaje.

Por otra parte, Rada señaló que el viernes tendrá una reunión con Goldberg en el Ministerio de Gobierno para abordar su presunta influencia de la embajada estadounidense en el Centro de Operaciones Especiales (Copes) que indagó a periodistas, legisladores y constituyentes.

El Copes, integrado por efectivos de elite, fue creado en 1987 dentro de la estructura de la Policía boliviana, con un aporte anual de Estados Unidos de tres millones de dólares, para investigar a los fiscales que actuaban en las causas de narcotráfico y estaban sospechados de corrupción.

Según reseñó ABI, Estados Unidos llegó a controlar a los fiscales antidroga a través del Copes al punto de que pasaron a depender directamente de organismos del gobierno estadounidense, que los removía o designaba, incluso asumiendo el pago de sus sueldos.