La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), entre otros, denunciaron el año pasado que Martínez fue en 1982 agente civil de inteligencia del batallón 601 y que habría dado información que permitió el secuestro y desaparición de trabajadores de la construcción.

El juez Lijo y el fiscal Jorge Di Lello coincidieron en archivar la denuncia al señalar que un informe de la Secretaría de Derechos Humanos concluyó que "la totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o extrabajadores de actividades ligadas a la construcción fueron anteriores al 1 de marzo de 1982, año en el que, según registró Gerardo Alberto Martínez, fue incorporado al Ejército Argentino como agente civil de inteligencia".

"Si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601", sostuvo el juez Lijo el 21 de septiembre pasado, cuando archivó la denuncia.

Los organismos apelaron la resolución y pidieron que se siga investigando a Martínez. Señalaron que en el legajo Martínez aparece como que prestó servicios en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención, por lo que pidieron medidas de prueba para avanzar sobre ese aspecto. También reclamaron ser tenidas como parte querellante en la causa.