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A través de un comunicado publicado en su página web, el CELS informó que "en primer lugar, se explicitó que toda regulación en materia de comunicación audiovisual debe tener como finalidad garantizar la pluralidad y diversidad de voces. Así, se destacaron los principales estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Se destacó que las políticas públicas en materia de servicios audiovisuales no deberán estar guiadas por la lógica de la rentabilidad económica como criterio fundamental, tal como lo establece la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005 y ratificada por ley por nuestro país en 2007. Para el organismo, los Estados tienen la obligación de 'adoptar medidas destinadas a promover la diversidad en los medios de comunicación social, comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión'.

"En segundo lugar, se platearon estándares de derecho comparado sobre pluralidad y diversidad en los medios de comunicación con ejemplos de jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos en el contexto de la primera enmienda.

"En tercer lugar -continúa el CELS-, se sostuvo la legitimidad del establecimiento de límites a la multiplicidad de licencias a fin de garantizar la diversidad de la propiedad de los medios de comunicación audiovisual.

"Finalmente, se aportaron elementos para respaldar la validez constitucional de lo dispuesto en el artículo 161 de la nueva ley, acerca de la necesidad de que los actuales titulares de las licencias se adecúen al nuevo sistema. Se describió en tal sentido la realidad de los medios de nuestro país y los efectos de la concentración de la propiedad de medios que hacen que los usuarios tengan la posibilidad de elegir a su proveedor de televisión por cable en sólo unos pocos centros urbanos, los de mayor tamaño. Aún donde se verifican situaciones de competencia, los niveles de concentración oscilan entre el 77 y el 95%.

"En cuanto al año de plazo consagrado por el artículo 161 -concluye el comunicado-, se consideró esencial advertir que, a diferencia de lo que se ha pretendido instalar mediáticamente, no sólo no se trata de un plazo exiguo, sino que es equivalente, por ejemplo, al que tuvo en Estados Unidos la compañía de telecomunicaciones AT&T para desprenderse de 22 empresas locales. Por todo ello, se sostuvo que es compatible con el derecho comparado, con las reglas locales, y con el cumplimiento de estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".