como representante de Marcelo Diez ante el Corte Suprema, Martínez había presentado su dictamen el 15 de junio pasado, que coincide en sus principales puntos con el fallo de la máximo tribunal. “Ha quedado demostrado que Marcelo padece, desde hace ya más de 20 años, un cuadro irreversible comprendido dentro de los parámetros de la ley de Derechos del Paciente (26.529 y su modificatoria 26.742) y que las medidas de soporte vital que se pretenden suspender son aquellas autorizadas por la norma”, consideró Martínez.

Según la defensora general, “se ha acreditado que la voluntad de Marcelo se encuentra expresada por sus hermanas, que son las personas legitimadas a tal efecto. Por ende, se trata de una decisión respetuosa no sólo de los derechos constitucionales y convencionales, sino también de los principios bioéticos que subyacen la cuestión”.

“El ejercicio de este derecho es ajeno a cualquier injerencia estatal que pretenda obstaculizar la concreción de una decisión forjada en el ámbito familiar”, agregó, y sostuvo que “al judicializarse el caso no se hizo más que prolongar su estado incurable”.

Destacó, además, las precisiones plasmadas por la Corte a fin de evitar "judicializaciones innecesarias a futuro en pos de hacer efectivo el derecho del paciente a rechazar tratamientos médicos desproporcionados", en casos de enfermedades incurables, irreversibles o terminales.